El Lago de Maracaibo, el más grande de Venezuela, sufre una grave contaminación por varios factores, entre ellos los derrames de petróleo, los desechos que llegan al estuario y la presencia de una bacteria conocida como verdín. Ante esta situación, el Gobierno anunció este viernes un plan para limpiar unas 600 playas que se encuentran en las orillas del cuerpo de agua.
Según un comunicado del Ministerio de Ecosocialismo, el plan incluye la participación de los pescadores y las comunidades que viven cerca del lago, así como la fiscalización de todas las empresas que operan en la zona, sin especificar si se refiere a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), responsable de numerosas fugas de crudo.
Equipo multidisciplinario
El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, explicó que el plan comenzará con la identificación de las playas afectadas, que se ubican en los tres principales puertos del lago.
“Es un trabajo que durará y que tomará tiempo, estamos hablando de 600 playas que queremos identificar, en las que se sabrá también cualquier afectación o foco de contaminación (…). No es un trabajo que sea sencillo, no solo participarán equipos (locales), sino que habrá grupos adicionales para ayudar”, dijo.
Añadió que contarán con un equipo nacional para apoyar en el diagnóstico del problema, cuya magnitud variará según el área.
“Dependerá de la magnitud (de la contaminación) con que nos encontremos; hay áreas donde va a ser mayor”, afirmó.
Por su parte, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, indicó que hoy llega al estado Zulia, donde se sitúa el Lago de Maracaibo, un equipo de 20 expertos en “calidad ambiental e inspecciones para comenzar con el proceso de fiscalización de todas las empresas” que operan en el estuario.
“El Gobierno entero y todas sus organizaciones están aquí y seguirán buscando soluciones y ejecutándolas”, concluyó.
El miércoles, el Ejecutivo aseguró que endurecería la fiscalización a las industrias que operan en el Lago de Maracaibo. La cartera de Ambiente, junto a la Universidad del Zulia y otras instituciones, acordaron crear una comisión permanente para “continuar el monitoreo integral” del estuario y empezar a elaborar una “normativa legal que regule los valores de concentración de materia orgánica y nutrientes” que van a parar al lago.
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