El Gobierno nacional intenta reanudar la asignación de divisas a través de lo que ha denominado un «nuevo sistema cambiario». Entre las prioridades de las autoridades no figura cancelar la deuda que ha contraído con empresas a las cuales Cadivi les aprobó los dólares, pero que nunca fueron liquidados.
Rafael Ramírez, vicepresidente del Área Económica, se refirió ayer al tema. Lejos de ofrecer el pago de la deuda, el funcionario condicionó el pago a una evaluación del uso que las empresas hayan hecho de las divisas y del precio que hayan fijado para comercializar sus productos en el país.
«Ahora nosotros tenemos la responsabilidad como administradores de recursos públicos de ver el sustento de esa deuda. Bueno, vamos a discutir esa deuda. Por ejemplo, hay gente que tiene deuda hace dos años, está bien, pero ya vendió el producto. ¿A qué tasa lo vendiste? Se lo vendiste al pueblo a tasa del paralelo, entonces por qué te voy a dar más dólares preferenciales», afirmó Ramírez.
El también ministro de Petróleo y Minería indicó que están dispuestos a discutir con las empresas, pero eso será en paralelo al funcionamiento del nuevo sistema cambiario.
«Le estamos diciendo a los privados: muy bien, es como alguien que bloquea una calle. El primer acuerdo es: ponte al lado, tiene que fluir el tráfico, y vamos a discutir el tema de la deuda».
Cálculos de gremios como Fedecámaras y Conindustria señalan que empresas venezolanas adeudan a sus proveedores en el exterior entre 9 y 10 millardos de dólares debido al freno de Cadivi en la autorización de liquidaciones. Por su parte, la firma Ecoanalítica estima que el impago por concepto de importaciones «no liquidadas» es de 8,7 millardos de dólares.
Sin embargo, a juicio del vicepresidente del Área Económica en esas cifras hay «grasa, mucha grasa y hay muchas irregularidades».
«Demuéstrame que trajiste ese producto, me lo tienes que demostrar, demuéstrame a qué precio lo trajiste, vamos a discutir. Hay un sector de empresas que ya hemos determinado que estuvieron actuando defraudando al Estado, esas con nosotros no tienen arreglo alguno, no hay manera. Al contrario, nos deben», insistió Ramírez.
En gremios como la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos de Laboratorios y Afines (Avedem) han denunciado que Cadivi no ha autorizado liquidaciones de facturas emitidas hace más de dos años. Las compañías agrupadas en Avedem deben a sus proveedores 425 millones de dólares.
Este no es un caso aislado. Laboratorios e industria farmacéutica calculan una deuda de 2,3 millardos de dólares con sus proveedores, las ensambladoras de vehículos adeudan a sus casas matrices alrededor de 1,8 millardos de dólares, mientas que las fábricas de autopartes deben 180 millones de dólares, de acuerdo a los datos que recientemente difundió la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa). La Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas (Cavedrepa) reporta una deuda de 150 millones de dólares.
Cambio de discurso
El planteamiento del vicepresidente del Área Económica dista de las promesas que en el pasado han realizado otros funcionarios del Gobierno nacional. El ex ministro de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, asomó el año pasado la posibilidad de ir honrando los compromisos que se fueron acumulando en Cadivi. «Le vamos a entregar los recursos que están retrasados (…) Lo que sí les puedo decir es que tenemos los recursos», manifestó en mayo de 2013.
En las reuniones con empresarios que coordinó el propio Merentes a mediados del año pasado el retraso en la liquidación de divisas fue uno de los temas recurrente. En la encuesta que las autoridades diseñaron se le preguntó, incluso, a los empresarios cuáles de los factores relacionados con el tema cambiario estaba afectando más el desempeño de las empresas. Una de las opciones para responder esa interrogante era el «tiempo de liquidación».
Si las empresas locales no cancelan la deuda a sus proveedores se exponen a pérdidas de las líneas de crédito y a la posibilidad de que no reciban más despachos de mercancía.
Fuente: El Universal