El reciente anuncio del gobierno de Donald Trump revocando el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que obtuvieron ese beneficio en 2023 ha generado un impacto notable en el seno de la migración venezolana residente en Estados Unidos y a nivel planetario.
De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, se trata de aproximadamente 350.000 venezolanos que quedarán desprotegidos ante una posible deportación de Estados Unidos 60 días después de que el gobierno publique oficialmente su suspensión.
La intención de esta medida presume que un segundo lote de connacionales de aproximadamente 250.000 amparados por el TPS desde marzo de 2021, pudiera verse afectado al concluir la vigencia del ultimo lapso acordado para septiembre de 2025.
Estos datos son significativos al registrarse una población migrante venezolana de aproximadamente 1.100.000, quienes permanecen actualmente en territorio norteamericano, cifra que representa 12% del éxodo nacional, cuyas cifras destacan la presencia de 6 millones solo en Suramérica y de 9 millones en todo el mundo.
Así, también es necesario destacar que la intención de etiquetar a la población migrante venezolana con las fechorías del Tren de Aragua es una calumnia que no se corresponde con la realidad de una diáspora calificada en forma mayoritaria por sus reconocidos niveles de profesionalismo, buena conducta y de altos valores democráticos.
En la actualidad el volumen migrante que registra nuestro país representa el más alto del mundo, según cifras de Acnur, organismo especializado de la ONU para este sector de población vulnerable objeto de su atención permanente.
Ante el impacto de la medida es necesario tranquilizar a la población migrante afectada por la orden ejecutiva, la cual ha despertado hasta pánico en amplias comunidades en diferentes países, quienes verían con preocupación que sus gobiernos respectivos adoptaran medidas similares a la mencionada suspensión del TPS.
En esa dirección destacamos que el tema migratorio es de especial atención por la comunidad internacional, tal como lo indica el pacto firmado en la resolución de la Asamblea General de la ONU del 22 de septiembre de 2024, conocida como el Pacto para el Futuro que señala en su Acción 6, parágrafo e:
“Maximizar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo sostenible de los países de origen, tránsito, destino y acogida, y reforzar las alianzas internacionales y la cooperación mundial para la migración segura, ordenada y regular, con el fin de abordar de manera integral los factores que propician la migración irregular y garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio”.
Estas definiciones alimentan al Estado de derecho y la independencia de los poderes públicos, los cuales determinarán la acción colectiva de decenas de ONG defensoras de derechos humanos, quienes ya preparan medidas cautelares para restablecer la vigencia y necesidad del TPS para los migrantes venezolanos en el país norteño.
El curso de estas acciones legales parte de los siguientes criterios: 1.- La situación económica y social no ha cambiado absolutamente en Venezuela, por el contrario, los niveles de pobreza y de trabajo digno empeoran a niveles extremos 2.- La crisis política se acrecienta ante la permanencia de un régimen dictatorial que persigue, encarcela y acosa a la disidencia 3.- La evidencia del robo descarado de las elecciones presidenciales del 28J y del acto usurpador del 10E deslegitima aún más a la gestión madurista.
Por tanto, la deportación de connacionales a un país en condiciones de crisis humanitaria, con las características esenciales de Estado fallido por la violación consumada de los derechos humanos, es condenar in extremis a una población vulnerable que emigró de un país en ruinas a buscar un mejor destino, a un país donde se respeten las libertades democráticas y la condición de vida digna.
Este contexto plantea para los tepesianos venezolanos de 2023 con base en el lapso de vencimiento el próximo 2 de abril de 2025, la consideración de un lapso adicional de 60 días hasta el 2 de junio de este año, periodo en el cual las medidas cautelares en curso deberían tener respuesta en las cortes federales.
Ahora bien, es importante señalar que en el sistema migratorio norteamericano existen otras opciones como es la solicitud de asilo por razones políticas, religión, raza, humanitaria, así también la solicitud con base en las habilidades extraordinarias, la visa U relativo a ser víctima de un acoso criminal, a las cuales califican según sea la condición del migrante solicitante.
En resumen, los venezolanos hemos sido capaces de sortear los obstáculos a los que hemos sido sometidos en el extranjero, como consecuencia de una dictadura criminal que ha asolado nuestro país, en circunstancias difíciles que reclaman la mayor unidad para superarlos, en función de la aspiración máxima de reconquistar nuestra amada Venezuela.
Froilán Barrios Nieves
