Desde enero de 2026 se han multiplicado las protestas en el país, bien sea por la libertad de los presos políticos o por la restitución de los servicios públicos. En ese lapso, el sector laboral (personal de la salud, docentes, empleados de las industrias básicas y trabajadores públicos) se ha consolidado como el principal dinamizador de las calles en Venezuela.
Hasta el primero de octubre se cuantifican más de 4.000 protestas en el territorio nacional. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destaca el fenómeno de las protestas combinadas: más de 60 % de las manifestaciones poseen esta característica. Esto significa que en una misma movilización laboral por salarios dignos, los trabajadores incorporan de forma simultánea exigencias ante el colapso de los servicios públicos (crisis eléctrica, agua, transporte) y demandas por derechos políticos.
En ese contexto, el martes 13 de octubre una numerosa movilización convocada por el Comité Nacional de Trabajadores en Conflicto (CNTC) avanzó hasta las cercanías de la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde funcionarios policiales bloquearon el paso hacia la avenida Urdaneta. Aun así, entregaron un documento con más de 50.000 firmas exigiendo cambios en la política laboral del régimen.
En resumen, estos niveles de conflictividad social no deben ser ignorados por la instancia de negociaciones instalada formalmente el pasado 6 de agosto de 2026 en Caracas, la cual reúne a la Asamblea Nacional de 2015 (representada por Dinorah Figuera) y al parlamento electo en 2025 (presidido por Jorge Rodríguez), denominada oficialmente mesa de diálogo o mesa de trabajo, conversaciones para la reconciliación política y la transición democrática.
Por cierto, ambas instancias —cuestionadas en el ámbito nacional e internacional por su carencia de legalidad y legitimidad— han asumido ese rol bajo el manto del protectorado que ejerce Estados Unidos sobre nuestra nación, otorgándoles el aval de procónsules para conducir, paradójicamente, el proceso de transición hacia una democracia violentada por 27 años combinados de autoritarismo y dictadura.
En consecuencia, han aprobado una agenda general y un ciclo formal de reuniones extendido hasta finales de este año 2026. Se estima que este proceso de diálogo (que comprende originalmente entre 4 y 5 ciclos adicionales de negociación) culmine una fase central con un paquete de anuncios e hitos de transición formal programados para enero de 2027.
Al identificar los temas designados como prioritarios por esta instancia, se constata su verdadero propósito:
1) Reinstitucionalización y Poder Judicial
2) Garantías Electorales y Reforma del CNE
3) Libertades Civiles y Derechos Políticos
4) Emergencia Humanitaria y Social.
En ningún espacio el tema laboral y salarial forma parte de la agenda medular de la mesa de diálogo político entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional de 2015.
En definitiva, se trata de un temario concentrado estrictamente en asuntos institucionales, judiciales y electorales (como la renovación del TSJ y las garantías civiles). Por esta razón, distintos sindicatos y gremios venezolanos han denunciado públicamente que la mesa política avanza sin dar respuestas concretas a la clase trabajadora, exigiendo formalmente que se vincule, como corresponde, la discusión política con la crisis social y salarial del país.
Por otra parte, las cifras a continuación son lapidarias sobre el drama social que sufre a diario la población venezolana: 56 % en pobreza extrema, 40 % en inseguridad alimentaria moderada o grave, 7,9 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria y 11,7 % de menores de 5 años con diagnóstico de retraso en el crecimiento (Fuentes: Comisión de la Unión Europea, 2026; ONU, 2026).
Si agregamos a este cuadro dramático la situación de más de nueve millones de venezolanos en la diáspora —expuestos a la indefensión y a la amenaza de deportación por parte de gobiernos de la región andina y de EE. UU.—, no se vislumbra otro panorama que la incertidumbre para una nación en ruinas, escenario acentuado tras la tragedia natural de los dos terremotos del 24 de julio de 2026, que registraron más de 6.000 fallecidos, miles de desaparecidos y miles de hogares destruidos.
En lugar de abordar la tragedia, el régimen usurpador remite las discusiones salariales a la mesa de diálogo y consensos laborales, donde participan el Ejecutivo, la directiva de Fedecámaras y las centrales sindicales ASI y CTV. En este escenario, el poder impone, con la complacencia sindical, una infame política laboral de destrucción del salario bajo el concepto de “ingreso”, manteniendo la suspensión indefinida de los convenios colectivos y de la legislación laboral integral.
Si bien es cierto que el país necesita su reinstitucionalización política, la agenda social debe ser considerada igualmente prioritaria dada la gravedad de la condición humana que sufre la población. Darle la espalda a la crisis humanitaria es la antesala de explosiones sociales cuyas señales ya se evidencian en las ciudades y barrios de nuestro maltratado país a lo largo del siglo XXI.Froilán Barrio
Froilán Barrios
