El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, alertó este miércoles sobre la situación crítica de al menos 11 adultos mayores de 70 años que permanecen privados de su libertad por motivos políticos. La denuncia subraya una paradoja jurídica: mientras el debate nacional se centra en la aplicación de la nueva Ley de Amnistía, estas personas deberían estar en libertad plena por mandato del código procesal vigente.
Himiob destacó que este grupo de ciudadanos enfrenta una situación de vulnerabilidad extrema. Las precarias condiciones del sistema penitenciario venezolano —marcadas por el hacinamiento y la falta de atención médica especializada— se convierten en una «pena de muerte encubierta» para quienes superan las siete décadas de vida.
«El marco legal vigente en Venezuela cuenta con las herramientas suficientes para otorgarles la libertad inmediata. No es indispensable recurrir a la Ley de Amnistía para este grupo», sentenció el abogado.
La ley ignorada por el Poder Judicial
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el planteamiento de Foro Penal se basa en que el Código Orgánico Procesal Penal y las normas internacionales de derechos humanos ya contemplan medidas sustitutivas de libertad o arrestos domiciliarios para personas de avanzada edad o con cuadros de salud complejos.
La permanencia de estos 11 ancianos en calabozos comunes evidencia, según la ONG, que su reclusión no responde a criterios legales, sino a una decisión política que ignora los principios más básicos de humanidad y justicia.
