El presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, fijó posición ante los recientes anuncios de excarcelaciones emanados desde la Asamblea Nacional oficialista. A través de un video publicado en su cuenta de X, el defensor de derechos humanos exigió que estas medidas no se manejen bajo “números discrecionales”, sino que alcancen a la totalidad de los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.
Según los registros actualizados de la organización, la cifra de presos políticos en el país supera actualmente las 400 personas.
Una obligación legal, no un acto de benevolencia
Romero fue enfático al cuestionar la narrativa gubernamental que intenta posicionar las liberaciones como concesiones o actos de buena voluntad por parte del Estado venezolano.
“Yo no creo que deba continuarse haciendo referencia a que se trata de gestos. La liberación de presos políticos es una obligación del Estado de, básicamente, respetar el Estado de Derecho”, señaló el abogado.
El director de la ONG instó a que el proceso sea verdaderamente inclusivo:
“Esperemos que este nuevo anuncio (…) incorpore a todos los presos políticos que al día de hoy superan las 400 personas, incluso otros que no han sido todavía registrados y que están allí también arbitrariamente detenidos”.
Casos críticos: Más de nueve años sin juicio
Durante su pronunciamiento, el presidente de Foro Penal alertó sobre la precariedad en la que se encuentran muchos de los detenidos, haciendo especial énfasis en la situación de los efectivos militares y en el alarmante estado de salud de varios de ellos.
Como ejemplo de las graves irregularidades procesales del sistema, Romero expuso el caso del general Lozada:
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Tiempo en prisión: Más de 9 años privado de libertad.
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Estatus judicial: Sin juicio ni condena.
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Exigencia: “Esta persona, pues obviamente de conformidad con la ley, debe ser inmediatamente liberada”, sostuvo.
El llamado: Pasar de la retórica a la democracia
Para concluir, Romero manifestó que la sociedad venezolana espera que los anuncios oficiales trasciendan el discurso político y se traduzcan en medidas de fondo que apunten a una restitución real de las garantías institucionales y jurídicas.
“Esperemos que realmente esto no sea simplemente gestos y retórica, sino que se trabaje en el fondo, que es lo que queremos los venezolanos, para lograr una verdadera paz social, un verdadero Estado de Derecho y un verdadero camino hacia la democracia”, concluyó.