El Ministerio Público confirmó este lunes 2 de junio que el preso político Víctor Hugo Quero Navas falleció bajo custodia del Estado venezolano hace aproximadamente un año. Sin embargo, el comunicado emitido por la Fiscalía omitió establecer responsabilidades penales o administrativas contra los funcionarios, autoridades penitenciarias o miembros de la cadena de mando que ocultaron el deceso a sus familiares durante todo ese tiempo.
Según el informe oficial, la causa de muerte de Quero fue un “tromboembolismo pulmonar” y las experticias forenses “no evidenciaron lesiones traumáticas” en el cadáver. Asimismo, el organismo judicial detalló que los exámenes de identificación genética confirmaron con un 99,496% de probabilidad que los restos exhumados pertenecen al hijo de Carmen Teresa Navas.
A pesar de la versión forense, el pronunciamiento oficial deja sin respuesta las irregularidades más graves denunciadas por la defensa y los derechos humanos:
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Información falsa de la Defensoría: Mientras el Ministerio Público asegura que Quero falleció a mediados de 2025, en octubre de ese mismo año la Defensoría del Pueblo notificó formalmente a su madre que el ciudadano permanecía con vida y recluido en el Centro Penitenciario El Rodeo I.
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Juicio a un muerto: El sistema judicial venezolano continuó tramitando la causa penal de Quero Navas meses después de su fallecimiento.
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Negación de amnistía en 2026: El caso llegó al extremo de que un tribunal de la causa negó formalmente una solicitud de amnistía en mayo de 2026, cuando el procesado ya llevaba cerca de un año enterrado.
El documento de la Fiscalía no aclara quién ordenó mantener el secreto sobre la muerte del detenido, ni los motivos por los cuales se permitió que Carmen Navas recorriera cárceles, tribunales y morgues en una búsqueda infructuosa mientras las instituciones manejaban datos falsos.
Para organizaciones de derechos humanos y representantes legales, el caso expone una grave quiebra en los protocolos de custodia estatal y el debido proceso, evidenciando una presunta política de opacidad dentro del sistema penitenciario y judicial venezolano.
