La fiscal departamental de la región boliviana de Tarija, Sandra Gutiérrez denunció este miércoles (02.10.2024) que la cabeza del Ministerio Público de Bolivia la despidió de su cargo y ordenó frenar una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), en una investigación por posible trata y tráfico de personas.
En declaraciones a los medios, Gutiérrez explicó que primero recibió una orden del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de dejar el caso y disolver la comisión creada para investigar a Morales. Según Gutiérrez, Lanchipa también indicó que «deberá dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instructiva», lo que supuso «dejar sin efecto la comisión», ya que -aseguró la exfuncionaria- la amenazaron con «procesos penales y disciplinarios» si no lo hacía. La ahora exfiscal afirmó que en esta jornada dos de los tres fiscales de esa comisión recibieron «memorandos de agradecimiento» por sus servicios y que ella fue removida del cargo tras negarse a renunciar.
Gutiérrez añadió que, «habiendo un montón de directrices que nosotros teníamos, teníamos un mandamiento de aprehensión contra Juan Evo Morales Ayma, teníamos (órdenes de) aprehensión también hacia otras personas. Lo han dejado sin efecto».
La abogada, que fue ministra de Justicia en la gestión presidencial de Morales en 2014, dijo que desconocen «cómo se ha filtrado» la orden de captura «porque no se ha entregado a nadie». Sin embargo, «faltando una hora (para que se ejecute), se nos notifica con la acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Juan Evo Morales».
El caso por el que se investiga a Morales es por el supuesto delito de «trata y tráfico de personas» y «habría ocurrido» cuando la supuesta víctima «tenía 15 años» en una provincia de Tarija, si bien Gutiérrez se excusó de dar mayores detalles al haber una adolescente involucrada. Gutiérrez argumentó que «los antecedentes vienen de un informe de inteligencia» y denunció que supuestamente hay «órdenes específicas» de Lanchipa «de no hacer absolutamente nada» sobre este caso.
El caso surge en medio de la pelea interna en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) entre las facciones afines a Morales y al presidente del país, Luis Arce, por el control del partido, la forma de administración del Estado y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
