La principal bandera de campaña de José Antonio Kast, la deportación masiva de migrantes en situación irregular o con antecedentes, ha chocado contra la realidad estructural del Estado chileno. Entre el quiebre de relaciones con Caracas y un déficit presupuestario multimillonario, la Policía de Investigaciones (PDI) admitió ante el Senado la imposibilidad de ejecutar las más de 6.000 órdenes de expulsión de ciudadanos venezolanos que permanecen en el limbo.
El «bloqueo» diplomático: Venezuela no abre sus puertas
Durante una sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, el prefecto de Migraciones de la PDI, Ernesto León, fue tajante: el Estado chileno carece de canales para coordinar retornos al país caribeño.
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Sin identificación ni aceptación: León explicó que, ante la ausencia de relaciones consulares, es imposible identificar legalmente a los sujetos. «No hay relaciones consulares, no los podemos identificar, no nos aceptan», confesó.
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Vuelos suspendidos: Los operativos aéreos hacia Caracas están paralizados desde junio de 2025. El fracaso de esta política quedó en evidencia la semana pasada: el primer vuelo de expulsión del gobierno de Kast trasladó a 40 personas (colombianos, bolivianos y ecuatorianos), pero ningún venezolano, a pesar de ser la población con mayor número de órdenes pendientes.
La aritmética de la deportación: Un costo prohibitivo
Más allá de la voluntad política, el factor económico representa un obstáculo insalvable para el presupuesto actual. Según datos del Servicio de Migraciones, el costo de sacar a una persona del país bajo estándares internacionales es extremadamente alto:
| Tipo de Traslado | Costo por Persona | Custodia Requerida |
| Vuelo Comercial | $3.000.000 | 2 funcionarios PDI |
| Vuelo FACh | $2.500.000 | 1 funcionario PDI |
Para cumplir con la meta de 6.000 expulsiones pendientes, el Estado chileno necesitaría desembolsar $18.000 millones. Sin embargo, la realidad de las arcas públicas es otra: el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, admitió que actualmente solo cuentan con $4.000 millones, apenas un 22% de lo requerido.
¿Promesa de campaña o utopía presupuestaria?
La brecha de $14.000 millones entre lo que se necesita y lo que se tiene pone en entredicho la viabilidad del plan de Kast. Aunque Sauerbaum ha planteado utilizar excedentes del servicio del año pasado (cercanos a los $31.000 millones), el proceso de reasignación de fondos es lento y no resuelve el problema de fondo: la negativa de Venezuela a recibir a sus nacionales.
La tipificación del ingreso clandestino como delito, proyecto que actualmente se discute en el Congreso, podría aumentar la presión sobre un sistema que la propia PDI reconoce como colapsado y sin herramientas diplomáticas.
La administración de Kast enfrenta su primera gran crisis de expectativas. Mientras el discurso se mantiene firme en la «mano dura», las cifras y la diplomacia dictan una realidad donde la deportación masiva parece, por ahora, financieramente imposible y políticamente impracticable.
