En medio de un clima de renovada presión judicial y política por el denominado «caso Delcygate», el Gobierno de España ha cerrado filas en torno a su gestión diplomática con Venezuela. En una respuesta escrita remitida al Senado, el Ejecutivo aseguró que todas sus relaciones con el país caribeño se han mantenido estrictamente bajo «cauces diplomáticos oficiales».
Respuesta a la presión del Partido Popular
La declaración surge como respuesta a una batería de preguntas formuladas por el senador del Partido Popular (PP), José Antonio Monago. El legislador solicitó aclaraciones urgentes sobre posibles contactos directos o paralelos con Delcy Rodríguez y otros altos cargos de su administración, especialmente tras las nuevas diligencias judiciales que han devuelto el caso a la primera línea de la opinión pública madrileña.
En el documento, el Ejecutivo español subraya los pilares de su actuación:
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Apego a la legalidad: La política exterior se rige por el «pleno respeto al derecho internacional, los usos diplomáticos y la Constitución Española».
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Valores democráticos: La acción del Ministerio de Exteriores afirma priorizar la promoción de la paz y los derechos humanos.
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Alineación internacional: España recalca que su postura es «coherente y transparente», operando siempre en sintonía con las resoluciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas.
El factor «Delcygate»
A pesar de la insistencia de la oposición por hallar irregularidades en los encuentros del pasado y el presente, el Gobierno insiste en que cualquier comunicación con Estados terceros se enmarca en los instrumentos oficiales de política exterior, bajo la supervisión de los servicios diplomáticos competentes.
«Cualquier comunicación se enmarca en los instrumentos oficiales, con la participación de los servicios diplomáticos competentes», reza el texto enviado a la Cámara Alta.
Contexto diplomático
Esta reafirmación de Madrid ocurre en un momento de especial sensibilidad, dado el rol protagónico que ha asumido Rodríguez en Venezuela durante este primer trimestre de 2026. La defensa de la «vía diplomática» busca disipar las sombras de sospecha sobre gestiones extraoficiales que el PP califica de opacas, mientras España intenta mantener un equilibrio como interlocutor clave entre Europa y Caracas.
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