El exceso de doctorados de altos cargos chavistas enciende las alarmas por la renovación del TSJ

Opinión

El exceso de doctorados de altos cargos chavistas enciende las alarmas por la renovación del TSJ

Más de mil aspirantes han presentado sus recaudos ante el Comité de Postulaciones Judiciales. Todos persiguen el mismo objetivo: ser escogidos como uno de los 32 magistrados principales del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya reestructuración forma parte del proceso de negociación que adelantan chavismo y oposición bajo el auspicio de Estados Unidos.

No cualquiera puede alcanzar ese cargo. La Constitución establece entre los requisitos “tener título universitario de postgrado en materia jurídica”. Sin embargo, ese filtro ha sido ensanchado por el régimen chavista valiéndose de sus propias instituciones académicas y de las privadas Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) y Universidad Nueva Esparta (UNE), donde distintas fichas identificadas con el oficialismo han conseguido diplomas.

La profusión de certificados ha hecho que profesores y juristas llamen la atención sobre la necesidad de revisar con lupa las credenciales académicas de los candidatos chavistas, para verificar si cumplen con las exigencias de ley.

En clase

Un caso emblemático lo encarna la antigua concejal chavista y actual presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez. Egresada de la Universidad Central de Venezuela como abogada en 1993, su formación académica incluye un magíster en Derecho Penal Militar, doctorado en Control Contencioso Administrativo de las Conductas del Poder Público y un posdoctorado en los paradigmas geopolíticos ante las crisis emergentes de la Universidad Nueva Esparta.

Completa su hoja de vida con un doctorado en Derecho Procesal Constitucional y un doctorado en Derecho Probatorio de la Universidad Católica Santa Rosa. A esto agrega títulos en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la Universidad Militar Bolivariana y la Universidad Internacional de las Telecomunicaciones. Todos entes chavistas.

El cuestionado presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoros, también ha obtenido títulos académicos en meses recientes. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaEl cuestionado presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoros, también ha obtenido títulos académicos en meses recientes. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Boully Gómez fue incluido por el chavismo en tres comités de postulaciones que en el pasado solo sirvieron para reforzar el control del régimen sobre los poderes Electoral y Judicial.

Entre los compañeros de la magistrada Rodríguez en el doctorado en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Santa Rosa destacaban el para entonces ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos Ichaso, hoy embajador en China, y la ex superintendente de la Actividad Aseguradora, Celeste Liendo, colaboradora de Amoroso. En esos cursos la jueza ha compartido con los legisladores José Gregorio Correa, José Brito y Luis Eduardo Martínez, quienes se vieron beneficiados por decisiones del TSJ sobre la intervención de los partidos de la oposición.

Vista elevada del hemiciclo de un parlamento con diputados levantando la mano en sus escaños y cuadros al frente del recintoEn el marco de la negociación política entre chavismo y oposición, el Parlamento de mayoría oficialista juramentará a los nuevos magistrados del TSJ.

La semana pasada, el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra -hijo de Nicolás Maduro- y el viceministro de Comercio Internacional, Saúl Ameliach, obtuvieron el título de “doctor en Seguridad de la Nación” por parte del Instituto de Altos Estudios en Seguridad de la Nación.

Pasado

Más allá del debate sobre los títulos, la ONG Acceso a la Justicia cuestionó que el baremo que se aplicará ofrezca “ventajas a quienes han ocupado cargos públicos” y dé “mayor peso a la antigüedad que al desempeño”, tomando en cuenta que el chavismo lleva 27 años monopolizando toda la función estatal.

“Esto preocupa especialmente porque en Venezuela no se realizan concursos públicos de oposición para ingresar a la judicatura desde 2003. Más aún esto es alarmante si se considera que el sistema de justicia penal junto con el TSJ han sido parte del aparato represivo del Estado”, denunció Acceso a la Justicia.

Por infobae.com

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