El CNP exige libertad plena para el periodista Luis López y denuncia la Ley contra el Odio como una «guillotina» para la prensa

El CNP exige libertad plena para el periodista Luis López y denuncia la Ley contra el Odio como una «guillotina» para la prensa

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) reiteró su exigencia de sobreseimiento definitivo y libertad plena para el comunicador social Luis López, quien continúa sometido a proceso penal ante el Tribunal Tercero de Terrorismo, pese a haber sido excarcelado el pasado 14 de enero bajo medidas cautelares restrictivas.

López, quien estuvo privado de libertad durante 19 meses tras su detención arbitraria el 14 de junio de 2024 en el estado La Guaira, enfrenta cargos por presunta «incitación al odio» en virtud de la legislación promulgada en 2017.

Un proceso penal abierto que perpetúa la autocensura

Tras acudir a una nueva citación judicial, el periodista cuestionó la utilización de marcos legales punitivos para amedrentar el ejercicio informativo y condicionar la labor periodística en el país:

  • Incertidumbre jurídica: A pesar de haber salido de prisión a comienzos de año junto a un grupo de trabajadores de la prensa, López sigue sujeto a régimen de presentación y prohibición de salida del país a la espera del juicio oral.

  • La «guillotina» de la persecución: El comunicador advirtió que la Ley contra el Odio —diseñada formalmente bajo la premisa de promover la convivencia pacífica— se ha consolidado en la práctica como una herramienta de intimidación: «Hoy en día mantiene a muchos ciudadanos y en especial a los periodistas como una guillotina sobre nuestro cuello», aseveró.

  • Exigencia de derogación: López enfatizó que mientras existan instrumentos legales coercitivos que penalicen la opinión y la difusión de noticias, «seguiremos siendo un país sin justicia».

Posición del gremio periodístico

El CNP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ratificaron que el restablecimiento de las garantías democráticas y la libertad de expresión exige la anulación inmediata de todos los expedientes judiciales tramitados bajo la Ley contra el Odio, así como el cierre formal de las causas abiertas contra comunicadores sociales que continúan bajo medidas cautelares.

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