El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, reaccionó con firmeza ante la reciente excarcelación de los exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, quienes recuperaron su libertad tras permanecer 23 años en prisión, siendo considerados los presos políticos más antiguos del país.
A través de su cuenta en la red social X, González Urrutia rechazó contundentemente que la liberación de los uniformados sea presentada por el oficialismo como un acto de benevolencia.
«No es justicia, es su derecho»
El dirigente opositor criticó la narrativa oficial que intenta posicionar la medida como una concesión política y no como el cumplimiento tardío de la ley:
“‘Un gesto’. No un derecho. No justicia. Un gesto. Como si la libertad de un ser humano fuera un favor que el régimen concede cuando le conviene”, sentenció.
Asimismo, González Urrutia afirmó que los tres exefectivos fueron víctimas de una profunda injusticia que “la historia no puede olvidar”, subrayando que tanto Bolívar como Rovaín y Molina merecen “la verdad y ser reparados”.
“Que el mundo no vea su libertad como una dádiva porque es su derecho y desde hace muchísimo tiempo”, añadió.
El líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también vinculó esta medida con las tensiones políticas actuales, asegurando que el chavismo suele utilizar este tipo de liberaciones como una estrategia de distracción pública.
Finalmente, advirtió que la ciudadanía y los factores democráticos reciben la noticia con alegría, pero sin bajar la guardia ante el contexto político: “Venezuela aprendió. Celebramos cada libertad. Y seguimos con los ojos abiertos”, concluyó.
Más de dos décadas tras las rejas
La excarcelación de los tres exfuncionarios fue confirmada el pasado martes por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y dirigentes políticos.
Bolívar, Rovaín y Molina formaban parte del grupo de policías condenados a la pena máxima de 30 años de prisión bajo los cargos de homicidio calificado frustrado en complicidad. La sentencia se derivó de los violentos sucesos del 11 de abril de 2002 en Caracas, en el marco del golpe de Estado e intensas protestas contra el entonces presidente Hugo Chávez. Organizaciones no gubernamentales denunciaron durante años que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y motivaciones políticas.
