El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial de la Unidad, fue víctima de un «chantaje» por parte del gobierno para forzar su exilio en España, dijo este miércoles a la AFP su abogado, José Vicente Haro.
La administración de Maduro publicó más temprano una carta firmada por el exembajador de 75 años, en la que asegura que «respeta» la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que validó la reelección del mandatario en medio de denuncias de fraude y el desconocimiento de varios países.
González Urrutia explicó luego en un video desde España que suscribió esa misiva «bajo coacción» para poder salir del país y buscar asilo político.
«Se trata de chantaje, coacción, presión indebida que, desde el punto de vista técnico y jurídico, constituye un defecto de consentimiento que conduce a la nulidad absoluta del documento», declaró a la AFP el abogado José Vicente Haro. «Se le dieron prácticamente las opciones o salir por la vía del asilo o de ir privado de libertad», afirmó.
Haro se refirió a la sorpresiva salida del país de González Urrutia la noche del sábado 7 de septiembre: «La última vez que hablamos, (antes de irse) lo vi bajo mucha presión, bajo una situación de coacción, bajo una situación de apremio, con pocas posibilidades de hablar».
«Incluso fue una videollamada donde yo veo a una persona quebrada psicológicamente, anímicamente y que no puede gozar de lo que se llama el libre albedrío, la libertad, la conciencia de poder decidir», describió el jurista.
Haro señaló también que González Urrutia no emitirá «pronunciamiento alguno sobre las consideraciones que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez», al frente de negociaciones para su salida a España.
Ello luego de que Rodríguez le pidiera el miércoles al candidato opositor que se retractara, so pena de difundir videos de esas conversaciones.
González Urrutia «reafirma su compromiso con la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela», dijo Haro basado en una charla con el líder este miércoles.
El TSJ validó la reelección de Maduro proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 52% de los votos.
El CNE, sin embargo, no hizo públicas las actas con el detalle de las votaciones, como establece la ley, alegando ser víctima de un jaqueo informático, una tesis que la oposición y observadores internacionales consideran poco creíble.
AFP
