En la película El veredicto, de Sidney Lumet, el abogado Frank Galvin, interpretado por Paul Newman, enfrenta a una contraparte poderosa y a un juez parcializado. En su alegato final les recuerda a los miembros del jurado: “Pero hoy ustedes son la ley”. Con esas palabras los llama a asumir una responsabilidad que ninguna solemnidad del tribunal puede sustituir. La justicia depende de que quienes deciden tengan la integridad y personalidad necesaria para resistir las presiones del poder. Ese es también el desafío de la renovación judicial venezolana.
La postulación de juristas reconocidos por sus capacidades profesionales abre un espacio para la esperanza. Sin embargo, un sistema acostumbrado a seleccionar por obediencia y un Comité de Postulaciones en el que el chavismo conserva una influencia considerable —incluida la presidencia— obligan a mantener el escrutinio sobre cada etapa del proceso.
Empecemos por el baremo. La publicación de los criterios de evaluación es un avance que debe reconocerse. La formación académica y la producción intelectual reciben, en conjunto, 28 puntos; la experiencia docente, la profesional y la jurisdiccional, 19 puntos cada una, y la entrevista, 15. El problema no se agota en esa distribución: hay que examinar qué se premia y cómo se comprueba. En un Poder Judicial cuyas características más protuberantes han sido la politización y la corrupción. Los años de servicio requieren un examen que vaya más allá de las constancias presentadas. Pueden acreditar experiencia, pero también una prolongada sumisión al poder chavista. Hay jueces que han conservado su dignidad en circunstancias adversas, precisamente por eso hay que distinguirlos de quienes hicieron de la complacencia una carrera.
La entrevista merece especial atención. Sus 15 puntos pueden inclinar una selección si no existen criterios precisos y verificables para asignarlos. Las entrevistas deben ser públicas, al igual que los criterios de puntuación y las razones de las calificaciones. También convendría explicar cómo se evaluarán los conocimientos de juristas reconocidos por su obra intelectual, cuando sus evaluadores carecen de una competencia comparable en la materia. Ocupar la silla del evaluador no confiere autoridad académica.
El mismo rigor debe aplicarse a los títulos académicos. Un currículo no puede evaluarse contando doctorados como quien suma condecoraciones. Hay que verificar dónde se cursaron, qué exigencias se cumplieron y dónde pueden consultarse las tesis. Para acreditar los posdoctorados, deben identificarse las instituciones, las líneas de investigación y la producción intelectual resultante.
Ese examen tampoco puede servir de pretexto para excluir a quienes han cuestionado al poder. Circula en X una publicación —sospecho que viene de las altas esferas del poder— que pretende descalificar a Juan Manuel Raffalli, Tamara Adrián, Antonio José Marval, Jesús María Casal y Juan Carlos Apitz por sus actividades o posiciones políticas. A Casal se le reprocha haber presidido la Comisión Nacional de Primaria de 2023. Condujo con independencia y serenidad una elección entre candidatos de distintas tendencias. Organizarla no equivale a militar en los partidos participantes ni demuestra subordinación partidista. A Raffalli, Adrián, Marval y Apitz se les cuestionan sus críticas al chavismo y sus posiciones políticas firmes. Ninguna de esas razones justifica excluirlos. En los cinco casos corresponde evaluar su capacidad jurídica, su integridad y su independencia.
El artículo 256 de la Constitución prohíbe el activismo partidista durante el ejercicio del cargo; no excluye a quien haya participado en política. Excluir a quienes han cuestionado al poder y admitir a quienes han vivido de obedecerlo sería perpetuar el sometimiento de la justicia al chavismo. La renovación no termina con la selección de los magistrados. También debe cambiar la política institucional del TSJ. Un tribunal que ha servido para someter a los jueces y proteger al poder debe garantizar la autonomía judicial, la igualdad de trato, la transparencia y la seguridad jurídica.
Ese cambio debe reflejarse en la tramitación de los expedientes, la preparación de las ponencias y las decisiones. Una primera medida es publicar la lista de los relatores —los abogados que preparan los proyectos de sentencia para los magistrados— y las causas en las que intervienen. Los justiciables tienen derecho a conocer esa información: un relator puede tener vínculos profesionales, familiares o económicos con las partes o sus abogados, así como haber intervenido previamente en el asunto. Publicar las asignaciones permitiría advertir esos conflictos y formular objeciones, sin revelar los proyectos ni las deliberaciones de la Sala. La reserva de las deliberaciones no justifica el anonimato de quienes preparan las decisiones.
La transparencia también debe alcanzar el ejercicio de las potestades del Tribunal, entre ellas el avocamiento. Sustraer una causa al tribunal que debe conocerla y decidirla exige un escrutinio riguroso por sus consecuencias para el derecho al juez natural. Deben examinarse las razones invocadas y los intereses beneficiados, especialmente en litigios personales de altos funcionarios. El asunto merece un debate nacional.
También debe ponerse freno a la expansión desbordada de la revisión constitucional, que ha convertido a la Sala Constitucional en una instancia superior de las demás salas y en una fuente de inseguridad jurídica. La revisión debe ceñirse a los supuestos expresamente previstos en el artículo 336.10 de la Constitución: sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas. Fuera de esos supuestos, la Sala no puede actuar como una tercera instancia ni desconocer la cosa juzgada. Quien obtiene una sentencia firme necesita saber que su pleito ha terminado y que lo decidido no quedará a merced de los vaivenes jurisprudenciales de la Sala.
Corregir estas prácticas exige, además, mejorar de manera sustancial los sueldos de los magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales. Es una necesidad que no admite nuevas postergaciones. Quienes administran justicia deben contar con remuneraciones, seguros y condiciones de trabajo compatibles con sus responsabilidades. La precariedad facilita la dependencia y abre espacio a la corrupción. Un salario digno no garantiza por sí solo la integridad, pero contribuye a proteger la independencia y reduce la vulnerabilidad frente a presiones y sobornos. Esa inversión debe acompañarse de transparencia patrimonial, controles y rendición de cuentas.
La postulación de juristas solventes puede abrir el camino. Habrá que superar el reparto de cuotas y transformar el ejercicio del Poder Judicial. Cambiar a quienes ocupan el estrado y conservar las ventajas de quienes litigan desde el poder sería otra engañifa.
La diferencia estará en la independencia de quienes decidan. A ella apela Galvin cuando se dirige a la conciencia del jurado de El veredicto para que haga justicia pese a las presiones que rodean el juicio. La renovación del TSJ abre la esperanza de que esa independencia se convierta en la regla de nuestros tribunales. Confiamos en que los nuevos magistrados contribuirán a construir una justicia en la que prevalezca la Constitución y ningún vínculo político conceda ventajas.
La prueba de la renovación llegará cuando un ciudadano de a pie pueda vencer en un litigio a un miembro de la nomenklatura.
Ramón Escobar León
