Es de esperarse que el diálogo y la sensatez –y no la violencia– primen entre las partes para que el país andino supere este difícil momento.
Bolivia atraviesa una de las coyunturas más delicadas de los últimos años. Transcurridos apenas seis meses de haber asumido el poder, el presidente Rodrigo Paz enfrenta una ola de protestas que mezclan frustración económica, descontento político y viejas fracturas históricas que nunca terminaron de cerrarse. Las protestas de mineros, campesinos, sindicatos, juntas vecinales e indígenas aimaras mantienen sitiada a La Paz, mientras los enfrentamientos con la fuerza pública dejan detenidos, destrucción y, lamentablemente, ya una víctima mortal reconocida por el propio Gobierno.
Los detonantes son múltiples: el deterioro económico, la inflación, el desabastecimiento, la frustración ante la falta de reformas estructurales prometidas terminaron por alimentar la sensación de desconexión entre el Ejecutivo y poderosas fuerzas sindicales que incluso habían acompañado electoralmente al mandatario. La controvertida reforma agraria luego derogada, las tensiones por el precio y la calidad de los combustibles, además de la dificultad para concretar los cambios ofrecidos, aceleraron el deterioro de la legitimidad gubernamental.
En medio de esta crisis, hay que reconocer que el presidente Paz parece haber entendido la gravedad del momento. Sus recientes anuncios de reducción de salarios del Ejecutivo, alivios tributarios y reestructuración del gabinete así lo sugieren. Tal vez tardías, como insisten algunos sectores, pero necesarias en un país que hoy requiere capacidad de gestión ante una situación que ya tiene a la capital en riesgo de desabastecimiento.
La inoportuna intervención del presidente
Petro, lejos de contribuir al entendimiento, generó tensiones innecesarias en la relación bilateral.
Y es que aquí no solo está en juego la estabilidad de un gobierno. Es el bienestar de millones de bolivianos atrapados entre la incertidumbre económica, la polarización y la creciente radicalización de las protestas. Y es en escenarios de crisis estructural donde aparecen quienes instrumentalizan el descontento para favorecer agendas particulares, exacerbar la confrontación o intentar pescar en río revuelto. Es aquí donde las intervenciones del expresidente Evo Morales, quien está en medio de un proceso penal por el presunto abuso de una menor, se tornan riesgosas y sospechosas con sus llamados a adelantar elecciones y ponerle fin al mandato elegido en las urnas.
El llamado es a que prevalezca la sensatez y que todos los actores comprendan que ninguna aspiración política justifica poner al país al borde de una espiral de violencia. Ojalá el diálogo que comienza a abrirse encuentre caminos reales de entendimiento y, si fuese necesario, cuente con el acompañamiento prudente de la comunidad internacional y de países vecinos, siempre a través de los canales diplomáticos y del respeto a la soberanía e institucionalidad boliviana. Más aún después de episodios desafortunados como las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que lejos de contribuir a distender el ambiente acabaron generando tensiones innecesarias en la relación bilateral.
Hay que decirlo con claridad: la violencia, los bloqueos indefinidos, las vías de hecho y la confrontación permanente no son ni serán el camino para superar las dificultades de un país. La salida es el diálogo, la deliberación democrática y el uso responsable de las instituciones que existen precisamente para canalizar las diferencias sin destruir la convivencia. Solo así podrá evitarse que intereses particulares terminen eclipsando el bienestar general del pueblo boliviano.
Editorial de El Tiempo
