Una buena intención original amenaza con dejar a la ciudadanía sin información de calidad en vísperas de una elección crucial.
Una medida cautelar impuesta por el Consejo Nacional Electoral a una firma encuestadora, que incluía la prohibición temporal de publicar y difundir resultados de encuestas de intención de voto —que ayer fue suspendida provisionalmente por la sala plena del Consejo Nacional Electoral—, y la decisión de otra empresa internacional de no realizar más estudios electorales han revivido el debate sobre la Ley 2494, que el Congreso aprobó el año pasado y regula este asunto.
Las encuestas son una herramienta importante y necesaria. Una información de calidad, recolectada con rigor y transparencia, es algo deseable para que la ciudadanía tome decisiones, y es un elemento que robustece la democracia. Esto último debería ser alcanzable sin necesidad de un marco normativo que ponga en riesgo la realización de encuestas, pero si se cuenta con uno sin que implique restricciones o limitantes que terminen jugando en contra de la propia democracia, bienvenido sea. Todo lo que se haga por garantizar la solidez técnica de los estudios de opinión previos a una elección es muy importante.
Reiteramos así mismo que está fuera de discusión la buena intención de los congresistas que desde orillas políticas diferentes impulsaron la ley cuyos efectos son hoy objeto de debate.
Pero el actual proceso electoral se encargó de demostrar que las buenas intenciones no siempre conducen a mejores realidades. Esto a raíz de restricciones y barreras, en ocasiones infranqueables, para que los encuestadores hagan su tarea. El caso es que, más allá de las decisiones que tomen las autoridades, la situación que hoy se vive en materia de limitaciones a los ciudadanos para acceder a información sobre intención de voto es preocupante y amerita una invitación a revisar qué se puede mejorar de la norma en cuestión. La anterior es una tarea que debe comenzar con un debate público y terminar en el Congreso, habida cuenta de que de forma paralela la Corte Constitucional deberá pronunciarse pronto.
Urge claridad. Una discusión amplia para disipar cualquier sensación de que detrás de todo no hay sino buenos propósitos.
Se trata, en últimas, de saber si las nuevas reglas de juego están cumpliendo con la promesa original de la norma en términos de rigor metodológico o si, por el contrario, están teniendo un efecto incluso opuesto y que se suma al ya mencionado de la dificultad que tiene la gente para acceder a información en un país donde la libertad de información es un precepto constitucional.
Es un escenario que está llevando a un estado de cosas poco deseable, en el que son cada vez menos las firmas encuestadoras que dan a conocer sus estudios de preferencias electorales. Y al mismo tiempo ya se advierte por parte de algunos encuestadores que será muy difícil adelantar estudios para una eventual segunda vuelta. Ojalá no sea así.
Urge claridad. Una discusión en la que se esbocen todos los argumentos para disipar cualquier sensación de que lo que hay detrás es algo diferente a la intención de contar con más y mejor información, pero que por factores en su momento difíciles de prever hemos terminado ante un remedio que hoy amenaza con ser peor que una enfermedad que, realmente, no es difícil de diagnosticar. Más en momentos delicados cuando se necesita una ciudadanía más orientada e informada.
Editorial de El Tiempo
