La participación política del gobiernodel presidente Petro en esta campaña esevidente e inaceptable para la democracia.
La participación en política del gobierno del presidente Gustavo Petro es evidente y desafiante. Y a todas luces, inaceptable. No se trata de interpretaciones ni de exageraciones de sus contradictores. El propio mandatario se ha encargado, una y otra vez, de retar los límites que la Constitución y la ley le imponen a quien ocupa la jefatura del Estado.
Los episodios recientes hablan por sí solos. El primer mandatario compartió en sus redes sociales videos del cierre de campaña del candidato Iván Cepeda, acompañados de mensajes políticos y referencias despectivas contra sus contendores. Días antes, en un evento público, había insinuado que “de pronto ganamos nosotros las elecciones”, hablando en primera persona de una contienda en la que, por mandato constitucional, tendría que actuar con absoluta neutralidad. Después vinieron nuevos pronunciamientos en plazas públicas, mensajes polarizantes y discursos que presentan la elección como una batalla entre “la vida y la muerte”.
De haber segunda vuelta,
El ambiente estará aún más crispado y un presidente en campaña sería lo peor que le podría pasar al país
Ante esto, la Comisión de Acusación de la Cámara le abrió una nueva investigación de oficio por presunta intervención en política. Ya son diez los procesos activos contra el jefe de Estado por este mismo motivo. El Procurador también se ha pronunciado oportunamente. A ello se suma la denuncia formal presentada por la candidata Claudia López, quien documentó cerca de veinte hechos que, según sostiene, configuran una estrategia sistemática desde la Presidencia para favorecer la candidatura del aspirante del Pacto Histórico. Las denuncias incluyen el uso de medios públicos, escenarios institucionales y redes oficiales para atacar a adversarios políticos y amplificar narrativas electorales.
Todo esto es muy grave. Y hay que decirlo con claridad: la prohibición para que el Presidente participe en política no es un capricho ni una formalidad vacía. Es una necesidad democrática elemental, especialmente en un país como Colombia, marcado por un fuerte presidencialismo y por el enorme poder político, administrativo y simbólico que concentra la Rama Ejecutiva. Esta actitud es una desventaja para los demás aspirantes. Porque el Presidente no es un actor cualquiera, es uno con potencial de “inclinar la cancha”.
Por eso la conducta bajo investigación del mandatario no puede minimizarse como un simple “estilo personal”, pues tiene consecuencias serias, ya que mina los cimientos de la democracia, sienta un precedente nefasto y demuestra un abierto desprecio por las reglas del juego por parte de quien durante toda su vida pública se definió como un demócrata. Pero sucede que una democracia se sostiene justamente en la disposición de sus actores —sobre todo de quienes ejercen el poder— para respetar límites, incluso cuando esos límites les incomodan políticamente.
Lo más preocupante es que las indagaciones ya no se limitan a discursos, publicaciones o arengas. A las palabras se suman denuncias sobre contratación pública aparentemente guiada no por la búsqueda del bienestar general, sino por la construcción de respaldos políticos para un proyecto electoral. Todo ello configura un panorama profundamente inquietante. De haber segunda vuelta, el ambiente estará aún más crispado y un presidente en campaña sería lo peor que le podría pasar al país.
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Editorial de El Tiempo
