El Gobierno de Ecuador emitió este jueves un reglamento de respaldo a la ley sobre el uso legítimo de la fuerza, que busca garantizar las acciones de las entidades del orden en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.
«Hoy damos otro paso importante en nuestro propósito de mejorar las condiciones y herramientas que tienen policías y militares para actuar en defensa de los ciudadanos, y proteger derechos y libertades», aseguró el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, al suscribir el documento.
«El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó», enfatizó el gobernante durante el acto de suscripción del reglamento en el Palacio de Gobierno, en el centro de Quito.
COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que el presidente @LassoGuillermo suscribió el Reglamento a la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza. pic.twitter.com/Yrb5mEKI8x
— Comunicación Ecuador ?? (@ComunicacionEc) June 1, 2023
El Reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza es un instrumento que aclara disposiciones confusas de la norma y profundiza aspectos relevantes para la actuación de policías, militares y guardias de las prisiones, precisó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.
Por ejemplo -añadió la fuente-, define con claridad que «la materialización del acto ilícito es la amenaza o peligro inminente que puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública».
PROTECCIÓN LEGAL PARA POLICÍAS Y MILITARES
Con este reglamento también la fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa la respalda, pues los instrumentos legales «guiarán de forma razonable la actuación de los jueces y fiscales para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su trabajo», añadió la Secretaría en su escrito.
De su lado, el titular de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, recalcó que policías, militares y guías penitenciarios estarán amparados por el reglamento.Ellos «deben y van a hacer el uso de los instrumentos legales y materiales para obligar a aquellas personas que han escogido actuar fuera de las normas de convivencia y la ley a presentarse ante ella», remarcó Bravo.
La suscripción del instrumento se suma a otras acciones dirigidas por el Gobierno para la seguridad del país, luego que el pasado 27 de abril el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) sugiriera declarar al terrorismo como una amenaza contra el Estado y su seguridad integral, después de una oleada de acciones y atentados de crimen organizado que fueron calificados de terroristas.
EFE
