Tras los recientes terremotos que afectaron a diversas regiones del país, la evaluación de las estructuras dañadas ha generado un intenso debate técnico e institucional. Frente a la inquietud sobre el futuro de los inmuebles comprometidos, el presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción (CBC), Gerson Hernández, enfatizó que la demolición de un edificio no es una medida improvisada, sino un procedimiento riguroso que requiere supervisión del Estado, evaluación multidisciplinaria y estrictos estándares de seguridad industrial.
El vocero gremial precisó que ningún inmueble puede ser derribado sin un diagnóstico minucioso y la autorización expresa de las autoridades locales para garantizar la seguridad durante la posterior fase de reconstrucción.
«Los protocolos necesarios para acometer este tipo de actividades deben estar plenamente rectorizados e inspeccionados por los entes gubernamentales» — señaló Hernández durante una entrevista para la cadena Unión Radio.
El equipo multidisciplinario con la decisión final
Hernández aclaró que la determinación de demoler una edificación no depende de apreciaciones individuales, sino del dictamen de un comité técnico integrado por:
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El Ministerio de Desarrollo Minero, Vivienda y Hábitat.
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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
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El Ministerio de Obras Públicas.
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La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras.
Al respecto, el presidente de la CBC hizo un llamado a la serenidad de la población, argumentando que las grietas o el colapso de elementos no estructurales suelen generar alarma generalizada, aunque no siempre implican la pérdida total del inmueble.
«Una cosa es ver que se cayó una pared en un edificio y otra muy distinta es evaluar cómo están las fundaciones, las bases y la estructura principal para determinar si el inmueble aún conserva la capacidad de soportar un nuevo evento sísmico», explicó.
Apoyo internacional ante la alta demanda
Dada la envergadura de las inspecciones pendientes en las zonas impactadas, Hernández admitió que la capacidad de respuesta nacional se encuentra al límite. Ante este escenario, confirmó la incorporación de firmas internacionales especializadas que ya colaboran en las labores de diagnóstico para avanzar de manera sistemática en la certificación de habitabilidad de las comunidades afectadas.