El Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela emitió un contundente pronunciamiento público para exigir al Estado la entrega inmediata de una «fe de vida» de los 457 presos políticos registrados en el país por la ONG Foro Penal.
La solicitud de la plataforma civil surge como respuesta inmediata a la detención arbitraria, desaparición forzada y posterior muerte y sepultura clandestina del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia estatal, hechos que el Consejo calificó formalmente como «ominosos» y constitutivos de un «crimen de lesa humanidad».
Amparados en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República, así como en los tratados internacionales de la ONU y la OEA en materia de desaparición forzada, los firmantes señalaron que el Estado debe responder con transparencia ante la alarmante opacidad del sistema penitenciario.
Los seis requisitos exigidos para la «Fe de Vida»
Para que la constatación de supervivencia sea válida y consistente, el Consejo Superior detalló que el mecanismo debe cumplir estrictamente con las siguientes condiciones en un plazo inmediato:
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Presentación física: La exhibición real de todos y cada uno de los reclusos políticos ante los tribunales competientes y ante sus familiares directos.
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Certificación médica pública: La expedición de un informe médico oficial sobre el estado de salud de cada detenido, el cual deberá ser publicado en un diario de circulación nacional y entregado de forma individual a sus familiares.
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Acceso a defensa y familiares: Restablecer el derecho a la visita familiar y de la defensa técnica privada en un lapso que no exceda las 48 horas a partir del conocimiento de la petición.
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Geolocalización y transparencia: Identificar de forma pormenorizada el lugar exacto de reclusión de cada uno de los privados de libertad y notificarlo formalmente.
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Investigación penal: La apertura inmediata de investigaciones independientes sobre la posible comisión de delitos de tortura, tratos crueles y desaparición forzada dentro de los centros de detención.
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Medidas cautelares: La adopción urgente de protocolos de protección para garantizar de forma efectiva la vida y la integridad física de los reclusos.
Respaldo institucional de peso histórico
El documento, fechado el 13 de mayo de 2026, cuenta con el respaldo y la firma de un nutrido grupo de exgobernadores, exministros, diplomáticos y académicos de trayectoria en el país, lo que otorga un notable peso institucional al reclamo ante la comunidad internacional.
Entre los firmantes principales destacan:
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Oswaldo Álvarez Paz y Henrique Salas Römer (exgobernadores).
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Humberto Calderón Berti (exministro de Energía y Minas y de Relaciones Exteriores).
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Asdrúbal Aguiar, Gustavo Tarre Briceño y Milos Alcalay (reconocidos juristas y diplomáticos).
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Andrés Caldera Pietri, Abdón Vivas Terán, José Rodríguez Iturbe, Ivonne Attas, entre otros notables de la escena pública nacional, bajo la coordinación ejecutiva de Lorenzo Tovar.
El Consejo concluyó advirtiendo que la inacción del Estado ante este petitorio no hará más que confirmar la sistemática violación de los derechos fundamentales en el país ante los ojos de las instancias penales internacionales.