La primera semana de noviembre de 2013 la cantidad de personas que hacían fila para comprar en las tiendas Daka se contaban por cientos en todas sus tiendas. El gobierno había ordenado rebajar los precios acusando a la empresa de especular con el costo de los electrodomésticos. La escena se repitió en otras tiendas del ramo, zapaterías y jugueterías.
Faltaban pocos días para las elecciones municipales. La primera prueba electoral de Nicolás Maduro, tras su cerrada victoria en abril, luego de la muerte de Hugo Chávez.
La principal acusación del Gobierno contra esta red de locales era que los productos se vendían usando como referencia el dólar no oficial (Bs/$ 60), pero que fueron adquiridos con dólares preferenciales (aproximadamente Bs/$ 12).
Cientos salieron contentos de las tiendas al pagar Bs. 2.500 por un televisor de 32 pulgadas que un día antes costaba Bs 17.000. “Conseguimos sobreprecio de neveras, aires acondicionados, televisores (…) El promedio de sobrefacturación, de robo, llega a 1.000% de los precios de los productos”, dijo entonces el presidente Maduro, quien aseguraba que derrotaría la inflación.
Ese mismo mes la Asamblea Nacional, en aquel entonces de mayoría oficialista, le aprobaba una Ley Habilitante que, en sus palabras serviría para “crear los mecanismos que nos posibilitarán sincerar nuestra realidad económica, proteger al pueblo de la voracidad del capital y erradicar aquellos elementos distorsionadores que inciden en la inflación inducida de la guerra económica”.
Cuatro años después, lo que se acerca a 1.000% es la inflación del año en curso. Las cifras oficiales están ocultas, un televisor de 32 pulgadas se vende hasta en Bs 10.000.000 (un alza de 399.900%). Ya no hay colas a las afueras de Daka.
En ese entonces la Canasta Básica Familiar costaba Bs 15.004,29, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FCM) y se necesitaban más de dos salarios mínimos (Bs. 2.973,00) para comprarla. Actualmente roza los Bs 4 millones y se necesitan unos nueve salarios mínimos para adquirirla.
¿Qué pasó con los precios en esos cuatro años?
“En el fondo toda inflación es monetaria”, sentencia José Gonzáles, director de director de la consultora GCG Advisors.
Desde el grito de “¡Que no quede nada de los anaqueles!”, que profirió Maduro en noviembre de 2013, hasta la última semana de octubre, la liquidez monetaria en Venezuela ha crecido 4.542,6%, en contraste con el 368,07% de los cuatro años previos.
Ese año de 2013 fue el último en el que la economía venezolana creció (1,3%). Desde entonces el Producto Interno Bruto ha retrocedido un acumulado de 30%, según estimaciones de la firma Aristimuño Herrera & Asociados. Mientras, las importaciones se han desplomado más de 70%, por efecto de los menores ingresos petroleros por la caída del precio y de la producción.
“La masa monetaria crece más rápido, que la capacidad de producir”, agrega Gonzáles.
Lo que no se movió ni un punto porcentual fue el argumento central del gobierno sobre la razón de los precios altos, ni su forma de combatirlo. En noviembre se promulgó vía habilitante una nueva Ley de Precios que sustituía a la de 2011, por una versión más severa en la que se podía pagar hasta 10 años de cárcel por el delito de especulación.
Otra estrategia del gobierno de Maduro fue ocultar las cifras. Desde febrero de 2015 se desconoce el dato oficial de inflación, sin hablar de otros indicadores como PIB, sector externo, desempleo y los informes económicos del Banco Central de Venezuela desde 2013.
El presidente, a través de una reforma vía habilitante, se atribuyó la potestad de decidir cuándo sí y cuándo no el BCV puede publicar datos económicos.
En estos cuatro años también hubo ajustes cambiarios. El dólar oficial más barato pasó de Bs 6,30 a Bs 10. Unas cuatro alternativas fallidas buscaron frenar a la cotización no oficial. La última se paralizó hace dos meses a Bs 3.345 por dólar.
La idea de que el dólar paralelo, cuyo precio se sigue a través de un sitio web, era el principal combustible de la inflación cobró cuerpo entre muchos burócratas, en especial los que controlan las telecomunicaciones e intentaron bloquear el acceso. Hasta una demanda levantó el BCV en Estados Unidos contra los dueños.
El juez estadounidense descartó el caso, pues, tal como dicen los libros de economía, la inflación no es provocada por un sitio web, sino por el manejo de la economía que hace un gobierno.
En la actualidad Gonzáles considera que es la “alta inflación la que genera que suba el dólar alternativo”, por el exceso de liquidez.
En 2015 se promulgó otra Ley de Precios Justos. Esta vez se incluyó como delito la reventa de productos básicos, por el cual la pena máxima llega a cinco años. Esto como una forma de combatir a los llamados “bachaqueros”, mercado negro de alimentos que se propagó por todo el país y que comerciaban a altos precios los productos que se compraban en los supermercados.
La escasez era el principal incentivo de ese nuevo “negocio” y para frenar el desorden de las compras el gobierno importó máquinas captahuellas y ordenó instalarlas en sus propias redes de supermercados y en las privadas. Además, cada venezolano solo podía comprar una cantidad fija de alimentos los días que le correspondiera conforme al último número de su cédula.
Mientras más largas las colas, más caros los productos entre los vendedores informales.
En 2016 el gobierno se inventó otra nueva estrategia. Los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que distribuyen, según cifras oficiales, 6 millones de bolsas de hasta 21 kilos de alimentos mensualmente. Allí no se encuentran proteínas animales ni ningún tipo de vegetales. Adicionalmente, se le entregó a la Fuerza Armada la potestad de supervisar el proceso de producción, almacenamiento y distribución de 18 rubros básicos, que este año se ampliaron a 27.
Mientras tanto, los precios siguen subiendo. La inflación se ubica en lo que va de 2017, en 825,7%, según el índice que lleva la Asamblea Nacional de mayoría opositora. En tanto, el economista Steve Hanke, asegura que el valor anualizado de los precios en Venezuela se ubica en 2.689,55% al día 09 de noviembre e incluso incluyó al país el año pasado en su lista de episodios mundiales de hiperinflación.
Para el cierre del año, Aristimuño Herrera & Asociados espera que los precios cerrarán con un alza de 1.237%. “Esto implica que los precios se están duplicando cada 2,1 meses, a diferencia del año pasado que lo hacían cada 4,7 meses”, apuntan en su informe de perspectivas en el que asumen que el país está ya en una dinámica hiperinflacionaria.
La pregunta que recorre las calles de Venezuela, es ¿cómo salir de esto? Gonzáles responde desde lo que la historia le ha enseñado al mundo: “Un plan de ajuste ortodoxo”. Que se traduce en “dejar de emitir dinero y solicitar una línea de asistencia mientras se resuelve el problema de flujo de caja”.
El principal prestamista sería el Fondo Monetario Internacional, del que Venezuela es miembro y tal condición le da derecho de exigirlo, afirma el experto.
El mismo Fondo ha estado haciendo cálculos y estima que se necesitarán unos $30.000 millones para equilibrar la economía venezolana. Este organismo ha sido visto como un ogro desde los 80, pero Gonzáles aclara que desde entonces se han producido muchos cambios y ahora los planes de ajustes no descartan las medidas sociales y además evitan los préstamos para pagos directos de deuda de manera que el impacto en la economía real sea evidente.
“El gran problema es que para que se apruebe un plan de ajuste en el FMI, debe contar con el visto bueno de Estados Unidos y allí se atraviesan las sanciones”, advierte Gonzáles, aunque no descarta un escenario, como se han visto otros en la historia, donde actores muy opuestos se han sentado a conversar.
