La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, anunció el próximo lanzamiento oficial del programa «Jóvenes Defensoriales», una iniciativa estratégica orientada a capacitar a la juventud venezolana en la defensa de los derechos fundamentales, la gestión de riesgos comunitarios y la atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal.
El anuncio se realizó en el marco de la Consulta Nacional por la Reforma de la Justicia Penal celebrada en el estado Anzoátegui. Durante su intervención, González Lobato detalló que este proyecto se ejecutará en estrecha alianza con el Ministerio para el Servicio Penitenciario y contemplará la impartición de talleres, diplomados y programas de formación especializada diseñados para garantizar una efectiva reinserción social y comunitaria.
«Queremos jóvenes solidarios que no solo prevengan situaciones de riesgo en sus comunidades, sino que también tiendan la mano, con formación y oportunidades, a quienes se encuentran en centros de atención procesal», aseveró la titular del órgano defensorial.
Garantías procesales y justicia equitativa Abordando las discusiones sobre la reforma judicial, la Defensora enfatizó que la igualdad ante la ley debe estar rigurosamente acompañada por el aseguramiento de las garantías constitucionales en todo el territorio. «La pobreza no puede convertirse en una circunstancia que agrave la situación procesal de una persona, ni mucho menos una razón que determine su privación de libertad», sentenció.
En materia jurídica, reiteró que la prisión preventiva no debe desvirtuarse hasta convertirse en una condena anticipada. Insistió en que esta medida cautelar debe aplicarse bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad, resguardando en todo momento el principio de presunción de inocencia y combatiendo el retardo procesal.
Atención a la diversidad territorial y poblaciones vulnerables González Lobato también reflexionó sobre los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de justicia para llegar a todos los ciudadanos. Tomando como ejemplo la vasta diversidad territorial del estado Anzoátegui —que abarca 43.000 kilómetros cuadrados e incluye zonas pesqueras, agrícolas, petroleras, turísticas e indígenas—, advirtió cómo las grandes distancias geográficas y las particularidades culturales inciden directamente en el acceso efectivo a la asistencia jurídica.
Para finalizar, subrayó la urgencia de aplicar una perspectiva diferencial en el sistema penal para atender las realidades específicas de las mujeres y las comunidades indígenas, alertando sobre el profundo impacto negativo que la privación de libertad genera en el tejido social, económico y familiar de estas poblaciones vulnerables.
