Caracas, 14 feb (EFE).- La defensa de la venezolana Rocío San Miguel -presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida en febrero de 2024- insistió este viernes en que la activista «debe ser operada» en libertad y por sus médicos de confianza, para atender a una fractura que sufrió en el hombro derecho hace seis meses.
Asimismo, dijo que se opone a que el Estado decida qué médico, cuál centro de salud, privado o público, estará a cargo de la intervención quirúrgica que, insiste, necesita San Miguel, pese a que las autoridades no han informado, hasta la fecha, si será sometida a una operación y cuándo.
Este viernes, el titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó sobre el desmantelamiento de una «red de coyotes (traficantes de personas) internos» que planificaba «rescatar» a dos detenidos, entre ellos, a San Miguel.
El presunto rescate, según Cabello, se ejecutaría cuando «llevaran a operar» a San Miguel en una clínica.
Sobre esto, el abogado Taguaruco indicó que a la activista le preocupa ser objeto de un plan para «sustraerla sin su autorización o aquiescencia».
El martes, Taguaruco denunció que el inicio del juicio oral y público contra San Miguel y su expareja Alejandro González, detenido igualmente en febrero del año pasado, fue diferido hasta el 31 de marzo por falta de traslado al juzgado, según dijo.
San Miguel, acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una «trama conspirativa» que buscaba «atentar» contra el líder chavista Nicolás Maduro y altos funcionarios del país caribeño, fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países que no precisó. EFE
