Washington, El alcalde destituido, inhabilitado y condenado a cárcel por el Tribunal Supremo de Justicia, David Smolansky, denunció a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por la persecución y destitución de 12 alcaldes durante la cuarta audiencia pública que realiza la OEA, en Washington, para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad.
“Desde el año 2013 de los 80 alcaldes opositores que fuimos electos más de 30 estamos bajo investigación. Es decir el 40%. Para la fecha, 12 alcaldes hemos sido destituidos de sus cargos afectando a 10 millones de venezolanos que viven en esos municipios”, denunció Smolansky.
El dirigente de Voluntad Popular detalló que la destitución y persecución en contra de los alcaldes opositores es una política de Estado y recordó que 4 se encuentran actualmente presos: Delson Guarate, Antonio Ledezma, Alfredo Ramos y Daniel Ceballos, quienes han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos y aislamiento.
“Los responsables de la persecución sistemática en contra de los alcaldes opositores son el presidente Nicolás Maduro, el presidente del ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, quien firmó las últimas sentencias de destitución, inhabilitación y condena a cárcel de los alcaldes”, detalló Smolansky.
A su juicio, ir en contra de la descentralización es una política de Estado y detalló que todas las sentencias emitidas en contra de los alcaldes no se han podido apelar jurídicamente. “Atentar en contra de nosotros se convirtió en una obsesión por parte de Mendoza, Moreno y Maduro. En los últimos años los liderazgos más importantes han comenzado siendo alcaldes. No ha habido autoridades más perseguidas por la dictadura que los alcaldes”.
Smolansky resaltó que “el aparato del Estado a través de la Asamblea Nacional Constituyente, el TSJ ilegítimo y los cuerpos de seguridad están únicamente al servicio de perseguir al que piensa distinto en Venezuela”.
Otra de las acusaciones que hizo el responsable nacional adjunto de Voluntad Popular fue por las denuncias que ha hecho de manera privada y pública el ministro de Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol, de «amenazarnos con meternos presos o intervenir las policías municipales por no garantizar el libre tránsito que en realidad es por permitir la protesta pacífica y no violenta”. NP
