Los racionamientos eléctricos de hasta seis horas diarias en diversos estados del país condicionan la asistencia de estudiantes y docentes e imponen la suspensión recurrente de actividades académicas, advirtió Fausto Romeo, director general de Consenso Educativo y coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio.
Durante su intervención en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, el vocero señaló que las interrupciones del servicio paralizan equipos audiovisuales, bombas de agua e iluminación o ventilación en los salones, dinámica que entorpece la jornada pedagógica frente a las altas temperaturas y aulas que albergan entre 25 y 40 alumnos.
«El punto número uno en este año escolar se llama la falta de energía eléctrica (…). Esa es una cuestión que realmente está afectando anímicamente, emocionalmente y la asistencia», sostuvo Romeo.
Déficit de profesores alcanza al sector privado
A las fallas de servicios públicos se suma un déficit de al menos 20.000 profesores de especialidad, brecha que comenzó a impactar con fuerza al sector de la educación privada.
Romeo ilustró la crisis de formación docente con el caso del Instituto Pedagógico de Caracas: mientras en años anteriores la institución albergaba una matrícula de 9.000 estudiantes y egresaba a unos 1.500 profesionales por cohorte, en la actualidad apenas ingresan entre 1.000 y 1.500 aspirantes, con una tasa de graduación de entre 80 y 90 profesores. Aunque las escuelas universitarias mantienen abiertas las opciones de pregrado y posgrado, las bajas remuneraciones desincentivan el ingreso y la permanencia en el ejercicio docente.
Propuesta salarial y esquema de prestaciones
Frente a la pérdida del poder adquisitivo, el representante gremial planteó que el ingreso promedio mensual de un educador debería situarse, como piso mínimo, en los 350 dólares.
En relación con el debate laboral, aclaró que ni las instituciones privadas ni el sector empresarial se oponen al pago de beneficios laborales, pero sugirió reformar el esquema actual hacia un modelo de anualización. «Bienvenidas las prestaciones sociales, pero deben ser anualizadas. Todos los años debe haber un corte, una liquidación y volver a comenzar», concluyó.
