Maracaibo, 2 de noviembre de 2026.– El exdiputado a la Asamblea Nacional y experto en energía, Elías Matta Wehbe, respaldó el plan técnico presentado por Zaramella & Pavan Construction Company (Z&P) y Atlántida Internacional (AICA) ante las autoridades para recuperar y reactivar las plantas de revestimiento de tuberías ubicadas en la Costa Oriental del Lago, que fueron expropiadas en 2009. Las dos empresas zulianas, fundadas en 1951 y 1962, respectivamente, buscan retomar sus operaciones y contribuir a la recuperación de la actividad petrolera en la región.
“Apoyo esta iniciativa porque es la misma causa que defendimos durante diecisiete años. Desde el día en que se aprobó esa ley nos enfrentamos a ella, y la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026, que finalmente la derogó, nos dio la razón”, afirmó Matta.
El exparlamentario recordó que, desde mayo de 2009, cuando se aprobó la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, advirtió sobre las consecuencias negativas que tendría para el sector. “Siempre manifestamos que esa ley traería consecuencias muy dañinas para la industria petrolera. No era una diferencia ideológica, sino un diagnóstico técnico: ninguna industria puede operar si se desmantela de golpe la red de contratistas que la sostiene en el lago, en los pozos y en las plantas”, explicó.
Esa posición también se tradujo en una iniciativa legislativa. Desde la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional electa en 2015, Matta impulsó la reforma de dicha ley, aprobada en primera discusión el 12 de julio de 2016 y sancionada en segunda discusión el 10 de julio de 2018, durante una sesión en la que presentó el informe correspondiente ante la plenaria.
El proyecto contemplaba devolver a la iniciativa privada actividades como la inyección de agua, vapor y gas, la compresión de gas y la prestación de servicios lacustres en el Zulia, entre ellos lanchas, gabarras, remolcadores, barcazas, tendido de tuberías subacuáticas, talleres, muelles y diques.
“Dijimos entonces que la Asamblea hacía justicia y cumplía con el artículo 115 de la Constitución, que protege la propiedad privada. Aprobamos esa ley con todas las formalidades, pero el Gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, intervino la Asamblea, la declaró en desacato y no permitió que entrara en vigencia”, denunció el exparlamentario.
Matta subrayó que las consecuencias de aquella decisión recayeron especialmente sobre el estado Zulia. Recordó que, con la aplicación de la ley de 2009, fueron expropiadas más de 139 empresas, más de mil embarcaciones y más de treinta muelles, mientras que alrededor de 400 micro y pequeñas empresas resultaron afectadas indirectamente.
“Se desmontó la economía de toda la Costa Oriental del Lago. Cabimas, Ciudad Ojeda, Lagunillas y Bachaquero vivían de esas contratistas, de sus talleres y de sus proveedores. Cuando se tomó la medida, PDVSA Occidente producía unos 890 mil barriles diarios; nueve años después, no llegaba ni a 300 mil. Esa región fue deprimida por decreto”, lamentó.
El exdiputado señaló que la derogación de la ley, mediante la reforma petrolera aprobada en enero de 2026, y el reciente anuncio del Ejecutivo sobre la devolución de activos expropiados confirman, a su juicio, la posición que su bancada defendió durante años.
«Lo que en 2018 se nos negó por razones políticas, hoy se admite por necesidad económica. Pero el daño no comenzó en 2018: empezó el mismo día en que se aprobó la ley de 2009. Desde entonces vinieron las expropiaciones, el golpe a la Costa Oriental del Lago y la caída de la producción de PDVSA. Son diecisiete años perdidos, miles de empleos y cientos de miles de barriles que el país dejó de producir. Ahora hay que pasar del reconocimiento a los hechos», advirtió.
En ese sentido, Matta expresó su respaldo a Z&P y AICA, al considerar que ambas compañías cuentan con la experiencia y la capacidad técnica necesarias para recuperar las instalaciones. “Estas empresas diseñaron, construyeron y operaron esas plantas hasta el día de la expropiación, conservan el conocimiento y las certificaciones para arrancar de inmediato y llevan quince años tocando puertas con una propuesta seria. Derogar la ley no le devuelve a nadie su planta: hace falta un procedimiento claro de restitución, con avalúo del estado real de los activos, plazos y garantías jurídicas. Si el Gobierno quiere recuperar la producción del Lago de Maracaibo, que empiece por devolverles sus empresas a quienes la sostuvieron durante más de medio siglo”, concluyó.
