A las 5:30 a.m. de ayer taxistas de Hoyo de la Puerta trancaron los accesos a la autopista Regional del Centro, desde le redoma del sector, para demandar mayor seguridad tras el asesinato de uno de sus compañeros. Por tres horas se prolongó la protesta que dejó atrapados en el tránsito a los conductores que pretendían movilizarse a la capital y el Occidente del país.
Desde el 29 de octubre hasta el pasado 7 de noviembre, al menos 19 protestas ocurridas en vías principales de Gran Caracas se habían reseñado solo en las páginas y el portal web de El Universal. La de Hoyo de la Puerta fue la número 20 y no es más que el reflejo de un problema de dos caras: el que protesta tiene derecho a hacerlo y el que se muestra en desacuerdo con esta acción, también.
El derecho a la manifestación pacífica y sin armas está contemplado en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Sin embargo, en la misma Carta Magna queda dispuesto el derecho a libre tránsito (art. 50) y en la Ley de Transporte Terrestre se garantiza a vehículos y peatones la libre circulación aun cuando se realicen manifestaciones (art. 74). Cada vez con más frecuencia conductores quedan atrapados en medio de largas colas debido a trancas generadas por protestas públicas. Y en Caracas las calles no solo sirven para liberar el descontento de los propios sino de quienes llegan desde el interior del país para buscar respuestas en las instituciones del poder central.
Marco Antonio Ponce, coordinador General del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, explica que en lo que va de año han contabilizado alrededor de 3 mil protestas en todo el país, y 80% de ellas tienen que ver con la reivindicación de derechos sociales, incluidos los laborales que abarcan 40%.
Considera que el intento por confrontar los derechos de manifestantes y ciudadanos no involucrados en la protesta es parte de una «matriz» promovida desde los centros de poder oficial para que la colectividad genere rechazo cuando las exigencias se realizan a sus instituciones.
«Cuando una manifestación conviene al Gobierno poco se apela al derecho a libre tránsito. En todo caso, los cuerpos de seguridad tienen por mandato establecer los dispositivos de seguridad y de orden público para garantizar la vida de los manifestantes y de terceros, pero para que también haya libre tránsito. La visión no puede ser la de una confrontación sino de que el Estado venezolano garantice el cumplimiento de ambos derechos y que responda también a las exigencias de sus ciudadanos», dice.
Destaca que en el país 98% de las protestas se realizan en términos pacíficos y que, a estos efectos, la Constitución en su artículo 68 prohíbe a las autoridades el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para lograr su control. En los casos donde se registra violencia, las autoridades pueden aplicar el uso proporcionado y diferenciado de la fuerza, pero siempre en el marco de la Constitución.
El inspector Einer Giulliani, abogado y subdirector de la Policía de Chacao, explica que los cuerpos municipales solo pueden intervenir en las manifestaciones de calle de forma preventiva pues la competencia de orden público es de los cuerpos regionales, nacionales y castrenses; de acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio de Policía y de la Policía Nacional.
«Lo que hacemos es acordonar el área donde ocurre la protesta y desviar el tránsito. Podemos buscar negociar a través del diálogo pero no intervenir con equipo antimotín», explica. En la capital esta última función la ejecuta la PNB y, si es desbordaba por la situación, interviene la Guardia Nacional, con criterios de disolución que se asumen en cada caso.
El estallido emocional
«El que protesta lo hace para causar un disturbio que obligue a la gente a prestarle atención», precisa el psicólogo social Axel Capriles. Asevera que cuando el Estado no le brinda a su población un camino institucional en la resolución de sus temas fundamentales la sociedad busca otras vías para exigir lo que no se le ha dado. Sobre casos en los que manifestantes no buscan restituir un derecho sino evadir sanciones -motorizados que protestan por multas, por ejemplo- cree que es parte del «individualismo anárquico» alimentado por el gobierno, donde la persona busca cumplir normas bajos sus condiciones.
«El problema central de la protesta actual es que es episódica, fracturada e individualizada. A eso se une una característica que es el estallido emocional momentáneo en el que, por desesperación o rabia, un grupo llega, toma la calle y luego se retira. La protesta sin un sentido claro de qué es lo que se quiere, sin un plan de metas, no es más que individual y caótica como vemos ahorita».
Fuente EU