El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) cuestionó este viernes la gestión del sistema penitenciario venezolano y señaló que, a 15 años de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, las condiciones de reclusión continúan deteriorándose.
“El problema penitenciario en Venezuela no es la existencia de las cárceles ni los presos, sino cómo han sido gerenciadas”, sostuvo la organización en una publicación difundida a través de su cuenta en X.
El OVP recordó que la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario fue presentada como un paso hacia una institucionalidad especializada, al elevar la materia penitenciaria desde una dirección de línea hasta una estructura ministerial con autonomía administrativa y financiera.
Sin embargo, la organización cuestionó dónde están los resultados obtenidos durante estos 15 años y en qué se han traducido los recursos destinados a esta estructura. A su juicio, mientras aumentó la burocracia, las condiciones de las personas privadas de libertad siguieron deteriorándose.
El observatorio también señaló que el artículo 272 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación y al respeto de los derechos humanos, pero consideró que esta disposición continúa siendo “letra muerta”.
Asimismo, advirtió que estándares internacionales como las Reglas Mandela siguen sin cumplirse plenamente en los centros de reclusión venezolanos, particularmente en aspectos como alimentación, atención médica, condiciones dignas e integridad de los privados de libertad.
El OVP hizo énfasis además en la necesidad de que quienes estén al frente del sistema penitenciario tengan formación, experiencia y conocimientos especializados en materia penitenciaria y derechos humanos. “No se puede llegar a aprender, experimentar o inventar políticas sobre la marcha cuando las consecuencias recaen directamente sobre seres humanos bajo custodia del régimen”, señaló.
Finalmente, la organización sostuvo que después de 15 años no basta con cambiar ministros, crear planes o ampliar estructuras burocráticas, sino que es necesario rendir cuentas y medir resultados en la atención integral de las personas privadas de libertad. “Habrá justicia”, concluyó.