En un paso clave para la defensa de los derechos de la niñez en Venezuela, el abogado y coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, sostuvo un encuentro directo con el Fiscal General, Larry Devoe. El objetivo: exigir que la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley penal deje de ser un discurso formal y se convierta en el eje operativo del sistema de justicia.
A través de sus canales oficiales, Trapani calificó la reunión como un espacio de diálogo “respetuoso y directo”. Sin embargo, advirtió que la voluntad política expresada en la mesa solo tendrá valor real si se traduce en la adopción inmediata de medidas concretas que detengan las graves irregularidades detectadas por la organización.
El «Expediente del Horror»: Las 9 vulneraciones denunciadas
Durante el intercambio, Cecodap presentó un diagnóstico crítico sobre las prácticas sistemáticas que están comprometiendo el futuro de los jóvenes bajo custodia del Estado. La organización desglosó los siguientes nudos críticos:
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Detenciones de facto: Ejecutadas sin orden judicial, con uso desproporcionado de la fuerza y falta de información clara.
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Aislamiento e Incomunicación: Retrasos deliberados para informar el paradero de los jóvenes y restricciones severas al contacto con familiares y abogados.
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Defensa indefensa: Acceso tardío a la asistencia legal o actuaciones insuficientes de la defensa pública desde el inicio del proceso.
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Prisión como regla: El uso sistemático de la privación de libertad, ignorando el carácter excepcional que ordena la ley y omitiendo medidas alternativas.
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Justicia paralizada: Dilaciones procesales y diferimientos reiterados que prolongan la incertidumbre legal.
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Responsabilidad por «vínculo»: Criminalización de jóvenes sin una individualización real de su conducta.
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Uso de categorías políticas: Denuncian el uso inadecuado del delito de «terrorismo» en procesos contra adolescentes, ignorando si estos fueron instrumentalizados o engañados por adultos.
El rostro de la crisis: El caso Samantha Hernández
Cecodap puso especial énfasis en la situación de Samantha Hernández, cuya detención se ha convertido en un símbolo de las fallas del sistema. La organización reiteró ante el Ministerio Público la solicitud de su liberación inmediata mediante una medida sustitutiva, con la expectativa de que el juicio concluya en una absolución plena. Actualmente, la adolescente permanece privada de su libertad.
Justicia operativa, no declarativa
Para Carlos Trapani, la protección de los adolescentes no puede quedar en el papel. El abogado insistió en que el Estado debe evaluar si los jóvenes señalados por delitos graves han sido coaccionados por terceros antes de procesarlos bajo cargos desproporcionados.
“El intercambio tiene valor en la medida en que permita revisar prácticas, corregir desviaciones y fortalecer la respuesta institucional”, concluyó Trapani.
La organización se mantiene en alerta, subrayando que el impacto de estas irregularidades es integral, afectando no solo el debido proceso, sino el desarrollo educativo y psicosocial de una generación que hoy se encuentra bajo el asedio de una actuación institucional fragmentada.
Desde @cecodap aceptamos y participamos en un diálogo respetuoso y directo con el Fiscal General, para insistir que el centro del debate y de la agenda del Ministerio Público sea la protección de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Agradecemos la disposición al… https://t.co/oow1l0HJNF
— Carlos Trapani (@carlosmtrapani) April 29, 2026
