Carlos Sarmiento Sosa: La Alianza para la Defensa de la Democracia y el test de democracia

Cinco presidentes que se autotitulan de la “izquierda progresista” -no se si se trata de la izquierda boba o de salón y caviar, la izquierda impostora, los estalinistas del populismo o los ”idiotas latinoamericanos” de Plinio Apuleyo Mendoza- se reunieron en fecha reciente en Santiago de Chile en el encuentro denominado “Democracia Siempre”, una entelequia cuyo objetivo, según dicen, es “( … ) avanzar en un posicionamiento compartido en favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social”. Ellos fueron Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Pedro Sánchez, de España; Yamandú Orsi, de Uruguay; Gustavo Petro, de Colombia y Gabriel Boric, de Chile.

O sea, una organización destinada a a combatir a la “internacional reaccionaria”, como dijera el presidente hispano en el acto inaugural del evento.

En la declaración final que solemnemente suscribieron estos mandatarios, afirmaron, entre otros dichos, que la democracia enfrenta “( … ) un momento de grandes desafíos ( … )”, como “ ( … ) la erosión de las instituciones, el avance de los discursos autoritarios y la creciente desafección ciudadana  ( … )”, a lo que se le “ ( … ) suman desigualdades persistentes, la difusión de desinformación y discursos de odio en plataformas digitales”.

Así, vio la luz, a iniciativa del mandatario chileno, la Alianza para la Defensa de la Democracia, convirtiéndose en un foco de atención que  ha interesado a México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia que serán parte de esa unión de países “progresistas”, según ha dicho con mucha pompa el presidente Boric, aunque pareciera que no es más que una enclenque heredera de aquella venida a menos “Cumbre Progresista” que los entonces mandatarios Bill Clinton -Estados Unidos- y Tony Blair -Reino Unido- crearon en 1999.

Independientemente y a pesar de las dudas que puedan tenerse sobre el funcionamiento de una democracia plena en los países de los firmantes del recién nacido foro,  esas propuestas deben ser aupadas y reconocidas con la esperanza de que puedan unir fuerzas con otras organizaciones similares para, con pulso firme, confrontar con las peligrosas y dañinas Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, o con el renacimiento de ideas de extrema derecha y populismos, o con extraños y sutiles golpes de estado que van mermando los derechos y garantías constitucionales y que, paulatinamente,  intentan devorar las bases de la libertad y liquidar sus valores más preciados.

Sin embargo, la Alianza corre el riesgo, si no adopta medidas rigurosas para el ingreso, de convertirse en una suerte de “club de democracias en el papel” o selecto círculo donde el acceso se obtenga mediante la simple afirmación institucional, la buena prensa ocasional o el cálculo geopolítico, y no por la acreditación fehaciente de prácticas y estándares democráticos auténticos y sostenidos. Si se echa la vista al pasado, con tristeza se podrá observar en foros similares -el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo- a países donde rigen o han regido dictadores que, al coro de los intereses que los sostienen, se han auto nombrados como “democráticos” cuando al mismo tiempo han restringido o abolido las libertades, manipulado procesos electorales o excluido a opositores y voces independientes.

Por eso, y antes de aplaudir la expansión de membresía de la naciente organización, sería imprescindible plantear la necesidad de establecer filtros rigurosos y objetivos como el test de democracia, para garantizar que solo accedan quienes realmente merecen tal distinción. La democracia no es un enunciado retórico ni una fachada electoral sino un entramado de instituciones, normas, procedimientos y valores tangibles, y un organismo de defensa democrática no puede permitir la contradicción de que alguno de sus miembros vulnere en su país los mismos principios a los que dice suscribir en el plano internacional, ni amparar o favorecer a los autócratas que doblegan a sus ciudadanos, pues ello minaría ab initio las bases de la propia organización, conduciéndola al fracaso a o la pérdida de la credibilidad ante la comunidad internacional. En fin, pasaría a ser un elefante blanco más en el elenco de instituciones que se dicen defensoras de la democracia que contemplan o comparten con dictaduras.

El test de democracia, estructurado en torno a varios ejes fundamentales, reconocidos en la doctrina internacional y en los compromisos asumidos en instrumentos como la Carta Democrática Interamericana, la Carta de las Naciones Unidas y acuerdos regionales similares, permitiría a la Alianza determinar si en el país aspirante existe:

1.  Legitimidad del acceso al poder mediante elecciones libres, periódicas y transparentes, bajo supervisión nacional e internacional, que garanticen igualdad de oportunidades para partidos y candidatos, y eviten toda forma de manipulación, fraude o proscripción.
2. Reglas claras en materia electoral: financiamiento, acceso a medios, observación y justicia electoral independiente.
3.  Separación de poderes y control de los gobernantes. Existencia, en la práctica real y no solo en la letra de la ley, de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial independientes, mutuamente controlados y limitados, con autonomía institucional.
4. Imposibilidad de reelección indefinida, salvo referéndum auténtico y plural, para evitar el anquilosamiento de élites.
5. Mecanismos de rendición de cuentas, fiscalización y sanción de abusos de poder y corrupción.
6. Respeto y garantía de derechos fundamentales.
7. Reconocimiento efectivo, protección y fomento de libertades civiles y políticas: libertad de expresión, prensa, reunión, asociación y manifestación pacífica.
8. Existencia de garantías para el ejercicio de la oposición, los defensores de derechos humanos y los periodistas, sin temor a represalias, persecuciones o criminalizaciones.
9.  Estado de derecho y justicia imparcial  y una justicia accesible, independiente e imparcial, con garantías de debido proceso y tutela judicial efectiva.
10.  Abolición práctica de tribunales de excepción o jurisdicciones que respondan a voluntad política.
11.  Respeto a las decisiones judiciales y cumplimiento de los fallos por todas las autoridades del Estado.
12.  Sociedad civil fuerte y participación ciudadana.
13.  Reconocimiento, respeto y fomento a la sociedad civil organizada: ONG, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales, minorías, mujeres, jóvenes, comunidades indígenas.
14.  Mecanismos regulares de consulta e incidencia ciudadana en la toma de decisiones públicas, planificación y control de la gestión.
15.  Política social y económica inclusiva.
16.  Políticas de inclusión real: combate activo a la discriminación, barreras económicas y educativas.
17.  Derecho a recibir información veraz, transparencia pública y acceso a datos gubernamentales.
18. Compromiso internacional con los principios democráticos.
19.  Adhesión y cumplimiento activo de los tratados internacionales de derechos humanos y democracia.
20.  Colaboración con los sistemas regionales y mundiales de protección y observación.

La creación de la Alianza para la Defensa de la Democracia puede convertirse en un hito para el mundo democrático, siempre y cuando sus puertas sólo se abran a Estados que demuestren cumplir el test de democracia, con hechos y no sólo palabras, el apego a los estándares constitucionales y éticos que definen una democracia moderna y vigorosa; y podría ser el dique de contención frente a oponentes y enemigos de la democracia, un foro de presión y apoyo internacional y, sobre todo, una referencia moral y política ineludible

laceiba@substack.com

https://www.elnacional.com/2025/07/el-ruidoso-y-complice-silencio-de-la-cumbre-democracia-siempre/

Carlos J. Sarmiento Sosa. EL “TEST” DE DEMOCRACIA. En: Conocer el Derecho: Herramienta del ejercicio ciudadano. EJV. Capítulo España Bloque Constitucional de Venezuela. Rete Iuris Consultores. Colección Estudios Jurídicos No. 161, Caracas, 2024.