En la antigua Roma, el Senado, a la muerte de los emperadores, podía decretar su apoteosis, que consistía en elevar al fallecido a la categoría de los dioses o héroes, en medio de solemnísimos actos realizados en público y con toda pompa; y, en su recuerdo, se ordenaba la emisión de medallas destinadas a conservar la memoria, en las que por un lado se grababa la cabeza del emperador coronada de laurel y cubierta con un velo, con el título de divus en la inscripción.
Sin embargo, podía ocurrir que ese emperador hubiera sido nefasto y detestado. Entonces el Senado decretaba la Damnatio memoriae —“Condena de la memoria”—, y se procedía a ordenar la eliminación de todo lo que pudiera recordar al condenado: imágenes, estatuas, monedas o inscripciones. Asimismo, sus leyes quedaban abolidas, y los edificios y obras que había que construir eran destruidos o atribuidos a su sucesor. Incluso se llegaba a prohibir que se pronunciase su nombre, la Abolitio nominis; y la imagen del que fuera todo poderoso emperador era desfigurada hasta en las monedas, en señal de condena de su memoria.
Este antiguo procedimiento se ha mantenido a través de los siglos que separan la civilización actual de sus fuentes de derecho, el sistema romano (aunque en la práctica de borrar la memoria se nutrió de los faraones egipcios). En ese transcurso, se ha intentado hacer olvidar a tiranos y opresores mediante distintas estrategias, como el sistema «a. C. / d. C.» (o Anno Domini). Éste fue una decisión política y teológica adoptada en 525 por el monje Dionisio el Exiguo para borrar de la memoria al emperador Diocleciano —perseguidor de los cristianos— y sustituirlo por la figura histórica de Jesús de Nazaret, que indiscutiblemente dividió la historia de Occidente en dos.
En el siglo XX, Stalin la practicó contra los enemigos de la revolución soviética y después se la aplicaron a él; y al tristemente célebre Juan Domingo Perón se le condenó al olvido, aunque con muy poco resultado, porque luego resurgió de sus cenizas, dejando como legado ese dañino peronismo que Stephen Hawkings calificó como el Big Bang de la pobreza.
En la presente centuria, España ha intentado hacer desaparecer la figura de Francisco Franco con una política de memoria democrática: preservar la historia, reparar a las víctimas y reducir la presencia pública de la dictadura; y en Venezuela, el fracasado socialismo del siglo XXI trató fallidamente de borrar la historia patria para hacer creer que aquella gesta emancipadora que en 1810 vio la luz no había terminado y que, desde entonces hasta el presente, no hubo pasado: sólo los próceres independentistas y los conjurados del Samán de Güere y sus lugartenientes; y hoy, se observa cómo calladamente se va difuminando la figura de Nicolás Maduro a raíz de su extracción por las fuerzas militares de los Estados Unidos y la instauración del interinato.
A primera vista, la damnatio memoriae puede sonar razonable; y por ello aconsejable, porque de alguna manera el silencio y el tiempo se encargan de enterrar todos aquellos hechos repudiables cometidos por uno o varios personajes que, en el ejercicio del poder, se apartaron de las normas democráticas y de las prácticas de buen gobierno para, con sevicia, acabar institucional y moralmente con una sociedad.
Sin embargo, en la acera de enfrente se halla la memoria histórica, que cumple una función diametralmente opuesta. No busca venganza ni revancha; busca verdad, preservación y no repetición. Su razón de ser no es castigar eternamente, sino impedir que el daño se banalice. Por ello, decía José Manuel Roldán Illescas: “La memoria histórica existe y ¡ay del pueblo que la pierda!”.
En los procesos de transición democrática, la conservación de edificios, archivos, monumentos, centros de detención y sitios de represión responde precisamente a esa necesidad institucional: dejar constancia material de lo sucedido para que la sociedad no quede condenada a la amnesia.
En Europa, muchos campos de concentración nazis —Auschwitz-Birkenau (Polonia), Dachau y Bergen-Belsenhan (Alemania), Mauthausen (Austria)— han sido conservados como museos, memoriales y Patrimonio de la Humanidad para mantener la memoria histórica; y España, ha creado un Centro de Interpretación y el Jardín de la Memoria en los restos del campo de concentración de Miranda de Ebro que funcionó entre 1937 y 1947.
Puede citarse también el caso de Budapest en Hungría: el Memento Park, o Parque de las Estatuas, reúne monumentos de la tiranía comunista para exhibirlos como testimonio histórico y no como objeto de veneración. La idea no es exaltar una ideología vencida, sino mostrarla en su desnudez material, despojada de su pretensión de eternidad. El parque no celebra la ruina: la convierte en enseñanza pública. Ese gesto posee una enorme fuerza jurídica y simbólica, porque reconoce que las sociedades no sanan negando su pasado, sino elaborándolo con inteligencia institucional.
Argentina, Chile y Uruguay han entendido bien esa premisa al preservar sitios de memoria vinculados a sus pasadas dictaduras y a sus experiencias de violencia estatal. No se trata de congelar el dolor, sino de impedir que el olvido diluya la responsabilidad y, a la vez, sirvan como recordatorios de las luchas y sufrimientos del pasado y como herramientas educativas para las generaciones futuras.
En ese contraste entre borramiento y conservación se juega una cuestión de fondo: la relación entre poder, verdad y derecho. La damnatio memoriae era una sanción política que pretendía anular la dignidad pública del condenado; la memoria histórica contemporánea, en cambio, constituye una garantía democrática frente a los abusos del poder. Los hechos, cuando han sido suficientemente graves, no desaparecen: quedan inscritos en la experiencia social, en los documentos, en los silencios, en los duelos y en los daños.
La democracia no puede edificarse sobre la nada. Necesita prueba, contexto y memoria. Necesita saber qué ocurrió, quiénes lo hicieron, cuáles fueron las consecuencias y determinar las responsabilidades y las debidas reparaciones. De lo contrario, la justicia se vuelve abstracta y la ciudadanía queda expuesta a la repetición del daño.
La memoria histórica no absuelve ni glorifica; ordena, esclarece y conserva. Y al hacerlo, impide que los responsables del desastre se amparen en su desaparición. No hace falta borrar al tirano, es suficiente “no olvidar”. Porque, como dijera el catedrático José Manuel Roldán Illescas, “La memoria histórica existe y ¡ay del pueblo que la pierda!”.
Carlos Sarmiento Sosa