El experto petrolero y exministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, analizó el futuro de la industria hidrocarburífera tras el acuerdo bilateral anunciado a finales de agosto entre Caracas y Washington. Si bien calificó la llegada de capital extranjero como una oportunidad necesaria para reactivar el sector, advirtió sobre la urgencia de fijar condiciones claras que resguarden la soberanía financiera y los intereses de la nación.
El pronunciamiento del especialista coincide con el marco del convenio energético proyectado a 25 años, el cual prevé la reactivación de hasta 17 campos estratégicos, inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares y una meta de producción que supera los 1,5 millones de barriles diarios.
«Venezuela no puede aceptar acuerdos bajo cualquier término», enfatizó Calderón Berti en un análisis publicado por El Nacional, al reiterar que la apertura al capital internacional debe evaluar previamente el alcance, la sostenibilidad contractual y los beneficios reales para el país.
Transparencia y control institucional
Para el exministro, la atracción de inversiones privadas e internacionales requiere ir acompañada de mecanismos rigurosos de rendición de cuentas sobre los ingresos generados por las exportaciones:
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Manejo de recursos: Reclamó la difusión de cifras auditables respecto a los volúmenes exactos de producción, la facturación petrolera y el destino final de dichos fondos.
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Obligaciones financieras: Instó a revisar los compromisos de deuda del Estado y fortalecer la supervisión institucional antes de comprometer recursos estratégicos a largo plazo.
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Seguridad jurídica: Destacó que, si bien el país requiere tecnología de punta y grandes volúmenes de capital, la estabilidad de los proyectos dependerá de reglas del juego previsibles que garanticen la distribución equitativa de las ganancias.
En medio del debate técnico y político sobre la reactivación del sector, analistas coinciden con la postura de Calderón Berti: el verdadero éxito de la reconstrucción petrolera no radicará solo en el monto de inversión captado, sino en la capacidad del Estado para garantizar institucionalidad, transparencia y desarrollo nacional a partir de sus recursos.
