El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reiteró su advertencia contra los funcionarios de seguridad que utilicen sus cargos para cometer actos de extorsión o corrupción en los puntos de control del país, una práctica popularmente conocida como «matraqueo».
Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, Cabello matizó la problemática al sugerir que las recientes críticas y campañas en redes sociales contra las alcabalas podrían estar impulsadas por sectores delictivos.
«Ahora comenzaron las guerras contra los puntos de control de la guardia y la policía. ¿Quiénes tienen esa guerra? Pareciera que son los que quieren pasar cositas. Pareciera, pues. Ese es su negocio», aseveró el vocero oficialista.
Cero tolerancia al abuso policial
A pesar de su defensa a la permanencia de los operativos viales, Cabello enfatizó que el Estado no tolerará desmanes por parte de los uniformados que extorsionen a los ciudadanos aprovechándose de su investidura.
«Funcionario policial que utilice su investidura para cometer actos de extorsión o cualquier tipo de delito, tenga la seguridad de que le caerá todo el peso de la ley. Y con más razón, porque esa no es la misión de los cuerpos policiales», sentenció de forma tajante.
Un problema de vieja data y 22.000 bajas oficiales
Esta nueva declaración se suma a la línea discursiva que el funcionariado chavista ha venido asomando en las últimas semanas. El pasado 3 de junio, Cabello ya había respaldado públicamente el llamado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez para frenar los cobros irregulares a transportistas y conductores particulares en las carreteras nacionales.
En esa oportunidad, el titular de la cartera de Interior y Justicia reveló que los mecanismos de depuración interna e inspección permanente ya habían dejado saldos masivos, confirmando que al menos 22.000 funcionarios policiales fueron dados de baja tras comprobarse su implicación en distintas irregularidades y malas prácticas.
Con este nuevo pronunciamiento, el Ejecutivo intenta dar una respuesta política a la ola de denuncias ciudadanas sobre extorsión vial, un flagelo que la administración asegura estar combatiendo mediante la judicialización de los agentes implicados, mientras mantiene el estricto despliegue de control territorial en las principales vías del país.
