La Procuraduría General pidió a la Policía Federal que indague sobre la participación del ex presidente en el mayor escándalo de corrupción que se destapó en el país
La Oficina del Procurador General ordenó este viernes que la Policía Federal abra una investigación sobre las denuncias hechas por el operador de Mensalao, Marcos Valerio de Souza, contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ex ministro Antonio Palocci.
El publicista Marcos Valerio -señalado como principal operador en la trama de un sofisticado esquema de desvío de dinero y pago de sobornos durante el gobierno del ex presidente – aseguró que Lula da Silva «comandaba todo» y que él no fue más que un «mensajero de lujo» en una estructura de la que el ex mandatario «era el jefe».
Según declaró Valerio ante el Fiscal General de la República, Roberto Gurgel, el ex presidente Lula habría protagonizado, entre otras cosas, la negociación por una transferencia de US$ 7 millones realizada por una empresa de telecomunicaciones al PT, según publicó el diario Folha.
El dinero, que habría ingresado a Brasil por diferentes cuentas, presuntamente fue usado para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral de 2002.
Por su parte, Lula siempre sostuvo que «no hubo un Mensalao» porque, según indica el ex mandatario, su partido, el PT, ya se había asegurado una mayoría en el Congreso a través de alianzas políticas. «Si alguien es encontrado culpable, debe ser castigado y si alguien es encontrado inocente, debe ser absuelto», aseguró el año pasado.
La fase procesal del juicio comenzó en agosto del año pasado y, de los 37 acusados, la corte declaró culpables a 25, entre quienes están el ex ministro de la Presidencia José Dirceu, al ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) José Genoinoy al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.
Dirceu fue durante décadas la «mano derecha» de Lula y cuando este llegó al poder fue nombrado ministro de la Presidencia, un estratégico cargo desde el que se controlan todos los resortes políticos del Gobierno y al que tuvo que renunciar cuando estalló el escándalo, a mediados de 2005.
Según estableció la corte, Dirceu fue el «articulador político», «jefe» e «ideólogo» de toda la trama y fue declarado culpable de los delitos de corrupción activa y asociación ilícita, por los que está pendiente de sentencia.
El máximo tribunal brasileño finalizó la fase de sentencias del juicio por escándalos de corrupción con penas que, sumadas, llegan a 250 años y un mes de cárcel.
Los últimos tres condenados fueron el ex presidente de la Cámara baja y diputado Joao Paulo Cunha, el ex legislador Roberto Jefferson, quien denunció el escándalo a mediados de 2005, y el ex tesorero del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués) Emerson Palmieri.
Las penas incluyeron sanciones pecuniarias que, sumadas, se situaron en torno a los US$ 10 millones.
La condena más dura en esta fase le fue aplicada al publicista Marcos Valerio Fernandes, considerado el «operador financiero» de la red de corrupción que le permitió al PT «comprar» la mayoría parlamentaria, quien recibió 40 años, dos meses y diez días de reclusión.
Los sentenciados a más de ocho años cumplirán sus penas en régimen de reclusión, mientras que los otros se beneficiarán de un sistema semiabierto que los obligará a dormir cada noche en la cárcel.
En el primero de los casos, se encuadra el ex jefe de Gabinete de Lula da Silva, José Dirceu, considerado la «mano derecha» del mandatario en la época de las denuncias y condenado a diez años y diez meses de cárcel.
El PT aún niega que haya sobornado a diputados, pese a que la corte estableció que dirigentes de cuatro partidos recibieron dinero de esa formación a cambio de su apoyo al Gobierno.
En noviembre de 2012, una petición para que Lula sea investigado fue presentada a la Procuraduría General de Brasil por cinco diputados y senadores de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Popular Socialista (PPS), dos de las principales fuerzas opositoras.
La denuncia se apoyaba en reportajes publicados por la prensa en los que se involucra a Lula da Silva como máximo responsable del caso de sobornos a parlamentarios que se juzga en el Tribunal Supremo Federal (TSF).
Esos informes se basan en declaraciones de uno de los reos, el publicista Marcos Valerio Fernandes, que después de conocer su condena a 40 años de prisión presentó a la corte una oferta de «colaboración» con la Justicia, con el fin de intentar una reducción de la dura pena.
Fuente: Infobae
