La posibilidad de convocatoria de una Asamblea Constituyente en Colombia no ha desaparecido a pesar de que tanto Gustavo Petro como su candidato a las elecciones presidenciales se apresuraron a negarlo, después de la primera vuelta de comicios, y asi lo anunciaron como un compromiso ante el país.
Pero la decisión de Ivan Cepeda de no promover una nueva Constitución, parece ir encaminada solo a conseguir los votos adicionales necesarios para alzarse con una victoria en la segunda vuelta. Su propuesta ni fue secundada por la disolución formal del comité que la promueve ante el CNE ni por el retiro de la propuesta del Congreso.
La promesa que fue verbalizada por el candidato representa, sin duda alguna, un golpe de timón importante dentro del progresismo colombiano, pero no es posible descartar que una Constituyente siga siendo una vía de acción para otorgarle fuerza legal a las iniciativas que no encuentren apoyo de parte del poder legislativo colombiano. Así fue como lo hizo Petro durante la actual administración, luego de haberlo prometido en su campaña electoral y así mismo puede actuar Ivan Cepeda si le toca dirigir los destinos colombianos en caso de alcanzar la mayoría electoral por la que batalla.
No nos llamemos a engaños Un lacónico “no se” a una pregunta pública formulada al candidato Cepeda deja entrever que siempre la modificación de la Carta Magna será un recurso a utilizar si el legislativo no baila al son de la marcha que toca el ejecutivo particularmente en el terreno de las “reformas sociales estructurales” que propugna. Quienes desde el Pacto Histórico se han convertido en furiosos defensores de una constituyente argumentan que por su intermedio se podrían modernizar instituciones, ampliar derechos sociales y corregir problemas estructurales que el sistema político actual no ha logrado resolver.
Desde la óptica de los mercados y de amplios sectores moderados de la sociedad colombiana, el principal temor frente a una constituyente bajo un eventual gobierno de Iván Cepeda no sería una reforma social en sí misma, sino la posibilidad de que ésta sea utilizada para alterar los equilibrios institucionales establecidos por la Constitución de 1991.
La realidad es que los peligros implícitos son enormes y el principal es que esta herramienta pueda ser utilizada para favorecer la perpetuación de una corriente ideológica en el poder, como ha ocurrido en distintos grados en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador durante los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.
Otros riesgos no son menos importantes: la politización de la justicia, la ampliación de las facultades presidenciales, las modificaciones que dificulten la alternancia política, el debilitamiento del Congreso, la reducción de la independencia de las cortes, de los organismos de control o del banco central. Todo ello sin contar con la situación de inseguridad jurídica y económica que sería capaz de producir a través cambios en el derecho de propiedad, los regímenes empresariales o las reglas de inversión susceptibles de provocar incertidumbre y fuga de capitales.
Quien sea ungido con la Presidencia de Colombia luego de las elecciones de mañana asumirá su cargo el 7 de agosto y permanecerá en la Casa de Nariño como presidente hasta el 7 de agosto de 2030.
Luego de 4 años de turbulencias en lo social, de inseguridad personal, de inestabilidad y de zozobras en lo político y de conductas erráticas inconvenientes en el área externa, lo que Colombia reclama es calma para retomar el camino perdido en su progreso económico y mucha dedicación al rescate de grandes masas para incorporarlas al bienestar.
Lo que menos necesitan los colombianos en esta hora es dedicarle atención y esfuerzo a un agotador proceso constituyente.
