Ya le llovían problemas políticos de toda índole a la sociedad colombiana cuando desde el seno de la más importante empresa del país se levantó una nueva polvareda de escándalos que tienen al país consternado. Hay de todo en estos nuevos episodios que alcanzan a la estatal ECOPETROL – controlada en un 90% por el Estado- y que ponen en tela de juicio su futuro o al menos el de sus autoridades.
Todo explotó ante la opinión pública cuando se dio a conocer a la prensa, gracias a filtraciones internas, la existencia de un millonario contrato con un destacado despacho de abogados estadounidense, y ordenado por la Junta Directiva, para investigar el riesgo reputacional que le hacía correr a la empresa las actuaciones de su presidente Ricardo Roa. El contrato de auditoría externa con esta firma ha sido ejecutado parcialmente. De acuerdo con publicaciones periodísticas el contrato inicial con la empresa tenía como fin medir el impacto jurídico y en la reputación de Ecopetrol de investigaciones abiertas contra Roa. Desde un monto inicial de 875.000 dólares en agosto de 2024, el mismo fue ampliado para incrementarlo a 5,8 millones de dólares.
Es bueno recordar que el presidente de ECOPETROL quien ejerce su cargo desde mediados del 2023, y con reticencias de todo tipo de parte de muchos sectores, se encuentra involucrado en un proceso judicial y disciplinario relacionado con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro y como consecuencia del mismo enfrenta una solicitud de suspensión. Esta semana que concluye la Procuraduría solicitó al Consejo Nacional Electoral sancionar a Roa por asuntos relacionados con la violación de los topes de la campaña en su actuación al frente de la gerencia de la campaña electoral del actual mandatario. .
Cabe destacar que el alto ejecutivo de la firma estatal asegura no había sido informado de este movimiento emprendido por la Junta Directiva. Pero como consecuencia del mismo le había sido retenido e intervenido su teléfono celular. Otros 70 empleados de la compañía estaban siendo objeto de intervenciones en sus correos electrónicos y en sus líneas celulares.
Todo este turbulento e intrincado episodio está teniendo lugar en un momento clave para los colombianos ya que se han vuelto hechos cotidianos y públicos las dudas sobre la probidad del manejo de recursos públicos del país.
Al fin hay quienes desde interior de la estatal petrolera se dedican a la sobre simplificación de los hechos señalando que este no es mas que un episodio aislado que no afecta la administración ni los resultados de la empresa. Un último comunicado de hace pocas horas asegura que “los planes y expectativas de producción y crecimiento para 2025 no se verán afectados”. Ello, en su criterio, le restaría importancia al escándalo que se ha apoderado de la opinión pública nacional y que es motivo de un nuevo cuestionamiento del manejo de la empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Beatriz de Majo
