La organización no gubernamental Provea fijó este viernes una postura firme frente a las recientes designaciones de Larry Devoe como Fiscal General y Eglée González como Defensora del Pueblo. A través de un exhorto público, la ONG instó a los funcionarios a romper con el ciclo de impunidad y a liderar una transformación real de las instituciones que, hasta ahora, han servido como brazos del Ejecutivo.
Para Provea, el contexto de los «nuevos tiempos» que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero exige que el Estado priorice la justicia sobre la lealtad partidista. La organización subrayó que Devoe y González tienen la obligación inmediata de tramitar denuncias sobre prácticas sistemáticas como la tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ejecutadas desde 2014.
El reto de la independencia Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento fue la duda sobre la autonomía del nuevo Fiscal. Oscar Murillo, coordinador general de Provea, recordó que Larry Devoe ha sido un funcionario de «absoluta confianza» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta cercanía, según la ONG, pone en entredicho la capacidad de la Fiscalía para actuar de forma imparcial en casos de persecución política.
«La Fiscalía no puede continuar siendo una institución central en la persecución por motivos políticos. Deben retomar su mandato como entes al servicio de la gente», sentenció la organización.
Mirada internacional y opacidad en el proceso Provea también enfatizó que la nueva gestión del Poder Ciudadano será evaluada por su nivel de cooperación con organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de determinación de hechos de la ONU. El cumplimiento de los mandatos de estos entes es visto como el único camino para validar la legitimidad de sus cargos ante la comunidad global.
Finalmente, la ONG denunció que la selección de ambos abogados, realizada por el Parlamento de mayoría oficialista, careció de criterios técnicos y transparencia. «Esta opacidad abrió la puerta a una decisión discrecional, en lugar de una selección basada en méritos y probidad», concluyó la nota, dejando claro que la sociedad civil mantendrá una vigilancia estrecha sobre el desempeño de ambos funcionarios.
