El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) fijó posición ante la solicitud realizada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la Asamblea Nacional para una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El gremio enfatizó que este instrumento normativo no debe ser modificado, sino derogado en su totalidad, debido a su carácter marcadamente punitivo, discrecional y violatorio de las garantías constitucionales, en especial del derecho humano a la libertad de expresión.
A través de un pronunciamiento institucional, la junta directiva del CNP sostuvo que dicha norma ha operado como un mecanismo de censura que contraviene los estándares internacionales en materia de derechos civiles e información.
Desmantelamiento del entramado legal restrictivo
El gremio periodístico subrayó que la solicitud de derogación no se limita únicamente a la legislación contra el odio, sino que debe extenderse a otros textos legales vigentes que atentan contra la libertad de pensamiento y el ejercicio profesional.
En ese sentido, la organización gremial exigió la anulación de la Ley contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, señalando que ambas normativas han servido históricamente de fundamento para perseguir la disidencia política, censurar la labor informativa y criminalizar a los trabajadores de la prensa.
«Estas normativas han sido denunciadas formalmente por el Colegio de Periodistas en reiteradas oportunidades, solicitando su derogación junto a otros instrumentos legales que vulneran el libre ejercicio del periodismo», recordó el gremio profesional.
Exigencias en la mesa de negociación
La directiva del CNP ratificó que estas demandas han sido elevadas de manera sistemática ante diversas instancias nacionales e internacionales. Asimismo, precisaron que el desmantelamiento de este marco normativo represivo forma parte de los requerimientos centrales presentados en el espacio de negociación y diálogo activo entre la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 y la representación del Gobierno.
Finalmente, el Colegio Nacional de Periodistas reiteró su compromiso ineludible con la defensa de la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a estar informada y el ejercicio de un periodismo libre, independiente y apegado a la ética en el país.
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