Autoridades evalúan 8.918 casos de privados de libertad en nueva jornada de consulta sobre reforma penal

Autoridades evalúan 8.918 casos de privados de libertad en nueva jornada de consulta sobre reforma penal

Durante una nueva jornada de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, autoridades del Estado venezolano revisaron el balance de personas privadas de libertad e informaron que 8.918 casos se encuentran actualmente en revisión; de ese total, 3.037 ya cumplen con el 75 % de la pena física y 1.096 aguardan el cómputo de sus redenciones.

La actividad, celebrada en la sede de la Asamblea Nacional (AN), estuvo encabezada por el Defensor Público General, Daniel Ramírez, quien presentó las cifras y subrayó la necesidad de impulsar una transformación estructural en el sistema penal orientada a resguardar los derechos y garantías constitucionales.

Al encuentro asistieron diputados de la Asamblea Nacional, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Rodríguez; el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante; el fiscal general de la República y secretario ejecutivo de la consulta, Larry Devoe; el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; magistrados del máximo tribunal y representantes del Programa de Convivencia y Paz Democrática.

Despliegue y avances de la consulta nacional

En el marco de la jornada se precisó que el proceso de diálogo acumula 73 encuentros y 450 mesas de trabajo en todo el país, con aportes de distintos sectores para avanzar hacia un sistema judicial basado en la transparencia, la imparcialidad y la celeridad.

Tanto la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, como el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, resaltaron el despliegue parlamentario que desde el pasado 12 de noviembre mantiene un seguimiento continuo en los centros preventivos de reclusión para vigilar el cumplimiento del debido proceso.

Ambos voceros también destacaron el impulso promovido por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, para materializar esta reforma, con el propósito de saldar una deuda histórica en materia judicial y acelerar los trámites de excarcelación que correspondan.

Revisión de penas y prácticas institucionales

Por su parte, el fiscal general de la República, Larry Devoe, señaló que administrar justicia, dirimir conflictos territoriales y asegurar la aplicación de la ley constituyen fundamentos esenciales del Estado.

En su intervención, Devoe planteó realizar un «gran reseteo» del sistema de penas tomando como referencia el tope constitucional de 30 años, para definir las sanciones aplicables a cada delito según la gravedad del daño ocasionado y la relevancia del bien jurídico tutelado.

Asimismo, instó a revisar de manera crítica las prácticas institucionales y la forma en que se aplica el mandato legal, al señalar que frente a estas propuestas suele argumentarse que las cosas siempre se han hecho igual durante tres décadas.

«Yo siempre digo, bueno, si tenemos todo ese tiempo haciéndolo de esa manera y tenemos los resultados que tenemos, significa que tenemos que cambiar cómo lo estamos haciendo; esto hay que revisar profundamente, autocríticamente, las prácticas institucionales, cómo estamos operando a la luz de lo que prevé la Constitución y a la luz de lo que prevén las leyes», afirmó el funcionario.

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