La revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) no es un asunto en discusión para el Ministerio del Trabajo, pese a que es una de las propuestas de los empresarios al Gobierno en el marco de la Comisión por la Verdad Económica.
«En el debate que tuvimos nosotros dejamos con absoluta claridad que no está planteada ninguna revisión en la legislación laboral», sostuvo el titular de la cartera de Trabajo, Jesús Martínez.
El funcionario explicó que no es competencia del Ministerio del Trabajo realizar alguna modificación a la normativa laboral y, por otro lado, cualquier cambio legislativo demanda la aplicación plena de la ley.
«Cuando hayamos aplicado la ley con propiedad podríamos ver las debilidades que tiene y esas limitaciones, desde el debate con la clase obrera, podrían hacerse los ajustes», expresó en una entrevista en VTV.
La Central Bolivariana de Trabajadores también descartó cualquier modificación de la Lottt. Su presidente Wills Rangel, resaltó que el único debate que los une a los empresarios tiene que ver con la forma como los trabajadores van a asumir el control de la producción y de las actividades económicas del país.
El Ministro del Trabajo argumentó que el expresidente Hugo Chávez, encargado de la aprobación de la Ley vía habilitante, fue «agudo, profundo y sensible», al concebir el trabajo como un proceso social y no individual.
Esto significa, que «al dejar de ser una acción individual, se rompe la condición de mercancía del ser humano, donde tú trabajas por un salario, tienes un precio. Ahora participas en el proceso social, en consecuencia, participas en la justa distribución de la riqueza; por eso es que hay en correspondencia el derecho y el deber que tienen los trabajadores de determinar el costo real de la producción de un bien o prestación de un servicio», dijo Martínez.
En mayo próximo, la Ley Orgánica del Trabajo va a cumplir dos años de su entrada en vigencia. Desde su elaboración ha sido objeto de observaciones por parte de los empresarios privados, principalmente porque no fueron convocados a las discusiones, pese a las múltiples inquietudes.
Los cambios fundamentales que trajo consigo la normativa, entre ellos, la vuelta de la retroactividad de las prestaciones desde 1997, el incremento del bono vacacional y de las utilidades, y la reducción de la jornada laboral, han representado un incremento de los costos de nómina. Según cálculos de Ecoanalítica, oscila en 39,2% el aumento de los gastos laborales, siendo las pequeñas y medianas empresas, que concentran el grueso del empleo en el país, las principales afectadas.
Lejos de aumentar el empleo, los patronos han optado por cerrar sus establecimientos dos días a la semana, adecuar la producción en función de no recargar al personal más de ocho horas de trabajo, y en otros casos, asumir con familiares las responsabilidades laborales.
A este panorama se suma la inamovilidad laboral, existente en el país desde 2002, que se ha convertido en otro «dolor de cabeza» para las empresas, pues ha desencadenado otros problemas como un elevado ausentismo laboral.
Estas preocupaciones han sido expresadas en reiteradas ocasiones por el sector productivo. Recientemente, en las reuniones entre empresarios y el Ejecutivo se alertó sobre los niveles de ausentismo y su efecto en la productividad. Pero la respuesta oficial consistió en explicar a los empresarios los alcances legales para combatir el problema.
Está previsto que Fedecámaras insista sobre el tema, a través de un conjunto de propuestas que hará llegar al Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, para ser debatidas en la Comisión por la Verdad Económica. El presidente de la cúpula empresarial, Jorge Roig, resaltó en que «es necesario generar leyes laborales que favorezcan la productividad y permitan privilegiar a quien hace su trabajo de forma responsable en contraste con quien no lo hace».
El Universal
