Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional preparan una ley para regular las redes sociales, luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara a las estadounidenses WhatsApp e Instagram y a la china TikTok como instrumentos «multiplicadores del odio y el fascismo» en el país, informó este jueves el partido gobernante PSUV.
La diputada chavista Imarú González indicó -en una nota de prensa- que el objetivo es «revisar o crear una norma» que regule el uso de las redes sociales, ante su «creciente impacto negativo» en «los niños, niñas y adolescentes» y «la violencia desatada en estas plataformas digitales».
Además, la también primera vicepresidenta de la Comisión de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos de la AN señaló que la discusión responde «al llamado» de Maduro, quien dijo recientemente que en Venezuela no hay «ningún tipo de regulación nacional» en esta materia.
Por su parte, el legislador oficialista Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión de Comunicación del Parlamento, propuso que la regulación se incluya en el Proyecto de Ley de Medios Electrónicos, y que uno de sus objetivos sea que las compañías «tengan una oficina en el territorio nacional» para contactarlas en caso de que «se violenten las leyes del país».
Este martes, Maduro denunció un «golpe de Estado cibernético, fascista y criminal» que «está en WhatsApp y todas las redes sociales», que buscan, según el mandatario, «meterse en la mente de los venezolanos».
En este supuesto golpe de Estado, Maduro vinculó al magnate sudafricano Elon Musk y a una «secta satánica» que el empresario -dijo- «dirige en EE.UU. de multimillonarios», sin mostrar alguna prueba de estos señalamientos.
El pasado lunes, el jefe de Estado aseguró que WhatsApp se usa en el país para amenazar a militares y policías, así como líderes comunitarios, por lo que pidió a la población que eliminen la plataforma de manera voluntaria, progresiva y radical.
Maduro ha hecho estas denuncias luego de que el país celebrara el 28 de julio unas presidenciales en las que fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado rechazado por la oposición mayoritaria, que denuncia «fraude», y que generó múltiples protestas en el país, vistas por el Gobierno como acciones «criminales» y «terroristas».
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