Durante años, hemos imaginado el final del chavismo con una escena. Una multitud frente a Miraflores. Un presidente abandonando el palacio. Una juramentación. Una bandera. El instante preciso en que terminaba una época y comenzaba otra.
Las transiciones reales rara vez funcionan así.
Los sistemas autoritarios no son solamente hombres. Son tribunales, generales, fiscales, empresarios favorecidos, policías, contratos, bancos, organismos electorales y burocracias. Son también hábitos: jueces que esperan una llamada antes de decidir, funcionarios que obedecen al partido antes que a la Constitución, ciudadanos que aprenden que protestar tiene consecuencias.
Por eso, Venezuela enfrenta ahora una paradoja. El viejo orden ha perdido buena parte de su legitimidad, pero conserva fragmentos importantes del Estado. La fuerza democrática posee legitimidad electoral y social, pero todavía no controla plenamente las instituciones necesarias para gobernar. Entre ambos, aparece Estados Unidos con suficiente poder financiero, diplomático y coercitivo para condicionar el proceso.
Esto no es todavía una democracia. Tampoco es la Venezuela de Nicolás Maduro. Es un interregno.
El error de mirar solamente a Miraflores
La política venezolana estuvo enfocada durante mucho tiempo en Miraflores. Este énfasis era comprensible. En un sistema hiperpresidencialista, controlar Miraflores parecía equivalente a controlar Venezuela. Pero la experiencia de 2015 demostró lo contrario.
La oposición conquistó entonces la Asamblea Nacional y descubrió que ganar una elección no significaba necesariamente obtener poder. El Tribunal Supremo de Justicia declaró al Parlamento en desacato, restringió sus atribuciones y permitió que otras estructuras asumieran competencias que constitucionalmente pertenecían al Legislativo.
La lección fue brutal: se puede ganar electoralmente y continuar políticamente cercado.
El mismo problema reapareció después de las elecciones presidenciales de 2024. La legitimidad democrática podía existir independientemente de la capacidad efectiva para ejercerla.
Por eso la pregunta decisiva de la Venezuela actual no debe ser quién controla Miraflores, sino cuánto del Estado chavista sigue siendo capaz de controlar el viejo sistema.
El poder está también en el tribunal que decide quién puede competir, en el organismo electoral que cuenta los votos, en el fiscal que convierte la disidencia en delito, en los militares que deciden qué órdenes obedecer, en el banco central, en el petróleo, en las empresas públicas, en los medios y en los recursos financieros.
Una transición que conquiste la Presidencia, pero deje intacta esa arquitectura podría producir algo profundamente decepcionante: una democracia electoral sin capacidad para gobernar.
La democracia antes de las elecciones
Esta afirmación parece contradictoria: Venezuela necesita democratizarse antes de celebrar las elecciones que culminen su transición, pero las elecciones no crean automáticamente una democracia.
Una elección democrática requiere previamente jueces capaces de proteger derechos, partidos que puedan competir, candidatos habilitados, periodistas que puedan investigar, ciudadanos que puedan protestar y un organismo electoral que no responda al Gobierno.
Sin esas condiciones, las urnas pueden convertirse en instrumentos de legitimación autoritaria.
De allí la importancia de la reforma del Tribunal Supremo.
Durante años, el TSJ fue mucho más que una corte politizada. Funcionó como una pieza central de la arquitectura del poder. Neutralizó a la Asamblea Nacional elegida en 2015, legitimó decisiones del Ejecutivo, restringió la participación política y terminó formando parte del mecanismo que hizo extraordinariamente difícil transformar votos en poder.
Desmontar esa estructura no es un asunto técnico. Es comenzar a modificar las reglas que hicieron posible el autoritarismo.
La secuencia importa: justicia independiente, árbitro electoral confiable, libertades públicas, partidos rehabilitados, elecciones competitivas, transferencia efectiva del poder.
Invertirla sería correr el riesgo de repetir la historia.
El extraño tutor
Aquí aparece la parte más incómoda de la transición. Estados Unidos ejerce una influencia sobre su desarrollo. Puede condicionar recursos, reconocimiento internacional y decisiones económicas. Puede ofrecer incentivos y elevar los costos de bloquear los acuerdos.
Venezuela vive, por tanto, bajo una forma provisional de tutela.
La palabra provoca rechazo porque la democracia venezolana debe desembocar precisamente en lo contrario: soberanía, pero la contradicción desaparece si entendemos la tutela como un andamio y no como un edificio.
Un andamio tiene sentido mientras permite construir algo capaz de sostenerse solo.
El problema sería si La Casa Blanca decidiera que administrar indefinidamente una Venezuela estable resulta más conveniente que tener una Venezuela soberana.
Ese es uno de los grandes riesgos del proceso.
Estabilidad no significa democracia
Un país puede exportar petróleo, recibir inversiones, reducir la violencia política y mantener funcionando sus instituciones básicas, mientras continúa siendo profundamente antidemocrático.
La transición solo estará avanzando cuando cada concesión produzca una transformación difícil de revertir.
Liberar presos políticos importa, pero importa todavía más eliminar las instituciones capaces de producir nuevos presos políticos.
Renovar magistrados importa, pero importa más establecer un sistema que impida que otra mayoría capture nuevamente los tribunales.
Celebrar elecciones importa pero importa más garantizar que el ganador pueda gobernar y el perdedor pueda volver a participar en las próximas elecciones.
El peligro de la transacción
Toda transición desde un sistema autoritario contiene negociaciones moralmente desagradables.
Quienes controlan fragmentos del viejo orden poseen algo que entregar, por eso pueden exigir algo a cambio.
El riego es intercambiar instituciones por garantías personales, cooperación por inmunidad y estabilidad por olvido, pero reconciliación e impunidad son conceptos diferentes.
Una democracia necesita transformar enemigos en adversarios. El chavismo no puede ser eliminado sociológicamente de Venezuela, ni debería suceder. Sus ciudadanos y dirigentes que actúen dentro de la ley deben poder organizarse, votar, competir y perder elecciones sin temor a desaparecer.
Lo mismo debe ocurrir con sus adversarios.
Sin embargo, integrar políticamente al chavismo no exige borrar responsabilidades individuales por corrupción o graves violaciones de derechos humanos.
Esta distinción determinará la legitimidad del nuevo orden.
El objetivo no puede ser sustituir una hegemonía excluyente por otra. Después de décadas durante las cuales la proximidad al poder determinó quién obtenía contratos, protección, riqueza o impunidad, Venezuela necesita algo mucho más que un cambio de élites: necesita límites al poder, incluso cuando ese poder esté en manos de las fuerzas democráticas.
Cómo reconocer el final
Las transiciones generan una obsesión por las fechas. ¿Cuándo serán las elecciones? ¿Cuándo terminará el interinato? ¿Cuándo se irá Estados Unidos? ¿Cuándo comenzará finalmente la democracia? Pero quizás estamos buscando el indicador equivocado.
La transición no terminará el día que desaparezca un dirigente. Tampoco cuando otro entre en Miraflores. Ni siquiera terminará necesariamente el día de unas elecciones libres.
Terminará cuando las instituciones puedan proteger derechos sin necesitar autorización externa, cuando un juez pueda fallar contra el Gobierno sin destruir su carrera, cuando un periodista pueda investigar al presidente, cuando la oposición pueda ganar, cuando el oficialismo pueda perder, cuando los militares obedezcan a la Constitución y no a una facción, cuando ningún partido pueda convertir nuevamente al Estado en propiedad privada.
Entonces ocurrirá algo aparentemente paradójico.
Estados Unidos habrá tenido éxito cuando Venezuela deje de necesitarlo.
El viejo chavismo habrá terminado no cuando desaparezcan todos los chavistas, sino cuando ninguno de ellos —ni tampoco sus adversarios— pueda volver a apropiarse del Estado.
La oposición democrática habrá ganado definitivamente, no cuando conquiste Miraflores, sino cuando construya instituciones capaces de sobrevivir incluso a su propia derrota electoral.
Esa será la verdadera prueba, porque la democracia comienza cuando ganar deja de significar apropiarse del Estado.
Antonio de la Cruz
