Guillermo Palacios (UNT) refirió que no se deben desconocer las 17 mil investigaciones de la trama de terror en contra de la población y las más de 9 mil víctimas que han declarado y apoyado la continuación de las investigaciones en la CPI. Desde la AN de 2015 exhortaron al Gobierno de Gabriel Boric a identificar a los autores intelectuales del secuestro y asesinato del exteniente Rafael Ojeda Moreno
La Asamblea Nacional (AN) de 2015 debatió este martes 5 de marzo sobre el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda Moreno en Chile, y en relación con la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) de confirmar la investigación que adelanta la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Al abordar el tema de la CPI, el diputado Guillermo Palacios (Un Nuevo Tiempo) señaló que los esfuerzos que se han realizado no han sido en vano. «Las víctimas y sus familiares deben tener fundadas esperanzas de que hay caminos que se abren para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela».
Al mismo tiempo, Palacios refirió que no se debe desconocer las 17 mil investigaciones de la trama de terror en contra de la población y las más de 9 mil víctimas «que han declarado y apoyado la continuación de las investigaciones en la CPI».
Para Willliams Dávila (AD en resistencia) es importante tener en cuenta que la decisión de la CPI es trascendental y se traduce en un Estado «que está luchando contra la justicia internacional, que todo lo condena y que dice que todo es influencia del imperialismo».
Rosmit Mantilla, diputado de Encuentro Ciudadano, sostuvo durante la sesión de la AN opositora que la única esperanza de los venezolanos es el avance de la investigación de la Corte Penal Internacional.
«La tortura, la desaparición forzosa, la cárcel injusta y el secuestro es política de estado para Nicolás Maduro. Nadie está exento del brazo cruel de la dictadura, no importa si se está en Venezuela o en Chile como fue el caso del teniente Ronald Ojeda», subrayó.
Por su parte, Rafael Veloz (Voluntad Popular) puntualizó, en su derecho de palabra en la AN, que la decisión de la CPI «tiene un carácter jurídico y no político» y se apega al Estatuto de Roma que regula el crimen internacional.
Sobre el caso del exteniente Ojeda Moreno, la diputada Sandra Flores pidió al Gobierno de Gabriel Boric una investigación exhaustiva y destacó que la familia del exmilitar venezolano pidió la realización de pruebas genéricas para el cuerpo del joven. Además, insistió en la importancia de precisar el móvil del secuestro y posterior asesinato.
«Le pedimos también al gobierno de Chile que tome medidas efectivas para proteger a la vasta comunidad de venezolanos en ese país, especialmente de aquellos que hacen activismo político», indicó Flores.
Ángel Caridad (Un Nuevo Tiempo) pidió a Chile dar con los autores intelectuales de la persecución contra el exteniente que ocasionó su secuestro y asesinato, según confirmó la Fiscalía de ese país el viernes 1 de marzo. Señaló que Ojeda Moreno, detenido en 2017 por una conspiración, se fugó de Venezuela y Chile le había concedido el asilo político.
En enero de este año, el exteniente fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional, junto a otros 32 militares, en un acto en el que fueron señalados de traición a la patria y se les relacionó con supuestos planes conspirativos fraguados en 2023.
«Pido con la fuerza e institucionalidad al gobierno de Chile y a sus instituciones que investiguen de manera exhaustiva hasta llegar a los responsables intelectuales de este vil y cobarde asesinato» expresó el parlamentario.
De su lado, Gilber Caro (Voluntad Popular) exigió al Presidente de Chile que se pronuncie sobre la muerte del exteniente Ronald Ojeda Moreno, «un venezolano fue secuestrado a plena luz del día, arrebatado del seno de su familia y ahora aparece muerto en condiciones que no han sido aclaradas».
Caso «Bulla Loca»
En un punto de información, la presidenta de la AN opositora, Dinorah Figuera (Primero Justicia) rechazó los ataques en su contra por parte del gobernante Nicolás Maduro, quien la acusó a ella y a la candidata de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, del «robo» de la empresa Citgo. En tal sentido, Figuera dijo que está a la orden para una investigación porque es una ciudadana proba.
«Citgo ha sido recuperada, durante estos cuatro años, de la deuda con la que se recibió y así poder seguir sirviéndole a todos los que hoy están necesitados», expresó la presidenta de la AN de 2015. Además, llamó a un debate de altura para dirimir las diferencias.
Por su parte, el diputado indígena Romel Guzamana exigió al gobierno de Maduro decir la verdad al país sobre lo ocurrido con el derrumbre de la Mina «Bulla Loca» en el sur del país. Puso en duda la cifra oficial de 16 fallecidos.
«El pasado 20 de febrero trabajaron en la mina más de 1000 personas entre 50 y 100 personas quedaron atrapadas en la mina, los militares del régimen afirman que hay 16 fallecidos pero la comunidad dice que son mas de 100», dijo Guzamana en la sesión online de la AN. Señaló que en la mina se mueven cerca de 50.000 personas al año.
«Toda Venezuela debe saber la verdad de lo que está pasando. Desde acá seguimos denunciando la minería ilegal, de la minería entreguista que genera mafias e incertidumbre», indicó.
TC
