Al menos en el trazo grueso, el histórico acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela se plantea como una apuesta promisoria para los ciudadanos de ambos países. Pero el dicho sostiene que el diablo está en los detalles, que aún no se conocen, y en la evolución de la situación política de la nación sudamericana y acaso en su misma historia.
La explotación del petróleo, que ha llegado a aportar el 96 % de las divisas extranjeras, apuntaló la transformación de la Venezuela rural del siglo XIX y principios del XX, asolada por las montoneras protagonizadas por caudillos regionales y la falta de un proyecto de unidad nacional, en una sociedad próspera con mando centralizado y una vibrante democracia en la segunda mitad de la pasada centuria. El petróleo es parte del ADN cultural de los venezolanos. Todo cuanto tiene que ver con su destino y explotación se considera como un asunto de supremo interés nacional y así se enseña en la escuela. De ahí la sorpresa ocasionada por el calado del pacto firmado por Washington y Caracas, que se ha desarrollado en la reserva más absoluta.
El anuncio es un golpe de efecto del presidente Donald Trump, quien necesita volver a lo que presenta como logros de su gestión en medio del fiasco de la guerra con Irán, que cumplió seis meses, y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz en el alza del precio del combustible. Varias veces Trump ha presumido de que el control que Washington ejerce sobre la venta de crudo venezolano pagó el costo del despliegue militar en el Caribe para derrocar a Nicolás Maduro.
A todos estos mimbres, el presidente estadounidense ahora podría agregar, según sus cálculos, unos 65.000 millones de barriles de petróleo de las reservas probadas de Venezuela, que ascienden a unos 300.000 millones de barriles. “Es el mayor acuerdo petrolero de la historial mundial”, escribió Trump en Truth Social en mayúsculas sostenidas el viernes, cuando anunció el pacto antes que el régimen del país sudamericano, como viene siendo costumbre. Y al aumentar la disponibilidad de petróleo, agregó, se reducirá en el largo plazo el precio de los combustibles y no costará un centavo a los contribuyentes estadounidenses.
Trump necesita revertir la sostenida caída de su popularidad desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, como muestra la encuesta de encuestas de CNN. Entre el 7 de febrero de 2025 y el pasado 24 de agosto, 63 % de los estadounidenses desaprueban su gestión. Pero el mismo presidente estadounidense reconoció el lunes en el Despacho Oval que este acuerdo con Venezuela no dejará beneficios concretos a los estadounidenses antes de las elecciones intermedias de noviembre, pero espera que los votantes reconozcan los beneficios futuros del pacto.
Las razones de Delcy Rodríguez
Al salirle al paso a las grandes dudas generadas por el acuerdo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que Venezuela conservaría la propiedad y la soberanía de su petróleo -uno de los vértices de la identidad política del chavismo- mientras utiliza el capital, la tecnología y la capacidad operacional de las inversiones para recuperar su industria, hoy destartalada por años de politización, desinversión, corrupción y los efectos de las sanciones estadounidenses.
El gobierno de Rodríguez recibió fuertes críticas apenas se conoció el anuncio, pero aspira a compensarlo con la promesa de un futuro posible para quienes sufrieron en el terreno la drástica caída de la economía entre 2014 y 2021 y para aquellos que huyeron por falta de oportunidades en medio de la debacle. “Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico”, dijo Rodríguez en un discurso transmitido en la televisión estatal.
De igual forma, el comunicado publicado el viernes por el Gobierno venezolano destacaba que Estados Unidos desarrollaría “17 campos estratégicos (…) con una inversión de más de US$ 100.000 millones y más de US$ 209.000 millones en tributos para el Estado”. Con esos números aspiran no solo “a la recuperación y modernización” de la industria petrolera, sino al “crecimiento económico” del país.
Desde que, en enero de 2011, el entonces ministro de Petróleo del gobierno de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, anunció que el país tenía las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, especialmente concentradas en la Faja Petrolífera del Orinoco, los gobiernos chavistas no habían logrado convertir esa potencial riqueza en una posibilidad concreta de bienestar.
