Miami (EE.UU.), 18 mar (EFE).- La pareja de Gustavo Adolfo Aguilera, uno de los deportados por el Gobierno de Trump a una cárcel de alta seguridad en El Salvador este fin de semana, dijo a EFE que el único crimen de este plomero es tener tatuajes, entre ellos uno de su hijo.
El migrante, explica, además, entró legalmente a Estados Unidos, pues solicitó formalmente el asilo.
«Su único crimen es tener tatuajes, porque no pueden decir que entramos ilegalmente a Estados Unidos», afirmó su pareja, quien no quiso dar el nombre y con quien tiene un hijo de ocho meses.
«Nosotros recibimos autorización en la frontera con México con el parole (permiso migratorio humanitario) y estábamos esperando respuesta a nuestra solicitud de asilo político».
Según relata, ambos pasaron cinco meses en México esperando su cita con las autoridades migratorias tras un arduo viaje por tierra desde Venezuela. «Nos vinimos porque la violencia criminal era cada vez peor. Los colectivos nos tenían acosados», explicó en referencia a las bandas paramilitares.
Aguilera tiene varios tatuajes, un rasgo que comparte con unos 238 hombres deportados a El Salvador el sábado pasado. Entre sus tatuajes destacan una máscara de gas con la inscripción ‘reality for life’ en el brazo izquierdo, una estrella y el símbolo del infinito en un hombro, además del nombre de su hijo mayor en el cuello.
El venezolano fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Louisville (Texas), a principios de febrero, poco después de que la Administración Trump eliminara el «parole». Hoy, en el día de su cumpleaños 29, su pareja asegura que está entre los venezolanos deportados a El Salvador. Lo identificó por una foto.
«Dicen que son tatuajes de pandillas, pero cualquiera que conozca sobre el tema en Venezuela sabe que no hay un tatuaje que los identifique como ocurre aquí. Además, nosotros somos de La Fría, en el estado Táchira, y allá no hay Tren de Aragua», aseguró, en referencia a la organización criminal trasnacional nacida en Venezuela con la que la Administración Trump ha conectado a muchos de los deportados.
«Yo sabía dónde estaba porque a los detenidos les asignan un número y se pueden buscar en el sistema. Se les puede enviar dinero a través de una aplicación y realizar llamadas con una tableta que les proporcionan», explicó.
Aguilera estaba detenido en el Centro de Procesamiento Migratorio de Río Grande, cerca de la frontera con México. La semana pasada, le avisaron que sería deportado. «Pensábamos que lo enviarían a Venezuela y, aunque no era lo que queríamos, le dije que era mejor que estar preso», contó.
El jueves, el nombre de Aguilera desapareció del sistema migratorio. El viernes en la mañana volvió a aparecer. «Me dijo que los empezaron a movilizar y luego los devolvieron», relató. Horas más tarde, volvió a desaparecer del sistema y desde entonces no sabe nada de él.
Su pareja y la familia Aguilera buscan apoyo en activistas migratorios como el Caucus Venezolano Americano, pero la incertidumbre y la angustia le han afectado su salud, su trabajo y hasta el bienestar de su bebé.
Su esperanza es el caso legal que llevan las organizaciones Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracia Ahora. El sábado un juez federal falló en contra del Gobierno Trump y ordenó el regreso de los aviones donde iban los deportados.
«Ojalá que logren que lo devuelvan o lo lleven a Venezuela», ruega con la voz rota.
«Esto es lo peor. Estoy tan decepcionada. Hemos trabajado muy duro, los siete días de la semana. No le hemos hecho mal a nadie. Todo lo hicimos bien. Estoy llegando al punto de preferir que me maten los malandros en Venezuela que seguir aquí. No es vida para nadie», expresó con desesperación. EFE
