Un tribunal de Panamá oficializó este lunes la detención de 45 migrantes irregulares de Venezuela, Ecuador y Colombia involucrados en una pelea en un albergue gubernamental en Darién, donde se encuentra la selva que hace de frontera natural con Colombia, y que culminó con parte de las instalaciones incendiadas y vandalizadas, unos daños cuyo costo aproximado asciende a más de medio millón de dólares.

«En este momento, la Fiscalía Regional de Darién ha logrado la legalización de la aprehensión de 45 personas por un hecho ocurrido el 1 de marzo de 2024, en la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de San Vicente», informó en X el Ministerio Público.

La Fiscalía detalló que se está «desarrollando la audiencia de imputación de cargos» a los 45 migrantes, entre los que hay colombianos, ecuatorianos y venezolanos, por los delitos de «incendiarismo» a 39 de ellos, mientras que al resto se le imputará por «daños y contra la vida y la integridad».

Los daños ascienden «hasta el momento a 550 mil dólares en perjuicio del Estado», según la Fiscalía.

La madrugada del pasado sábado, al menos unos 250 migrantes protagonizaron una violenta pelea en el albergue en San Vicente, Darién, que acabó con la vandalización de vehículos oficiales y civiles, al menos 10 modulares incendiados, además de un modular de Unicef y otro de Migración, según la información oficial.

Los disturbios comenzaron, según la versión oficial, por una disputa entre dos mujeres por una carpa, incidente en el que participaron las parejas de ambas y que desencadenó en una «pelea tumultuaria» entre los distintos grupos.

La situación fue atendida por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), pero aproximadamente esos 250 migrantes arremetieron contra las unidades policiales, provocando un despliegue de los agentes para controlar la situación.

«Lamentablemente, está viniendo mucha gente con récord policivo (…) cuando nuestro personal intentaba salir de los hechos, les estaban gritando que ya nos tenían estudiados y que esto había sido orquestado para vandalizar y dañar nuestra propiedad por nuestra lucha frontal contra el tráfico de personas», dijo en rueda de prensa la directora de Migración, Samira Gozaine.

La estación temporal de recepción migratoria, con capacidad para albergar a unas 500 personas, era una de las más modernas y contaba con servicios básicos para atender a esta población, señala la información oficial.

EFE

El fiscal regional coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Héctor Barros, vinculó este lunes a la banda criminal Tren de Aragua con el presunto secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

«Hemos realizado una serie de diligencias para establecer la participación de cada uno de los imputados, con las complejidades que esto significa en un contexto de criminalidad transnacional organizada, vinculada principalmente al Tren de Aragua, que ha estado cometiendo distintos delitos como el de secuestro», dijo Barros en un punto de prensa.

Tras la audiencia en la que se imputó por secuestro y homicidio a un joven de 17 años, que quedó privado de libertad, Barros explicó que el tribunal estableció que «hay una organización transnacional operando en este secuestro vinculado al crimen organizado».

Según el persecutor, la justicia también acreditó la participación del imputado en «prestar cobertura en el entorno del domicilio de la víctima», cuyos restos fueron encontrados el viernes en una comuna del sur de Santiago.

El tribunal, que dio un plazo de 60 días para la investigación, decretó la «internación provisoria» del sujeto, también venezolano, a un centro de Justicia juvenil, para menores de edad.

EFE

El jefe del Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI) de la Unión Europea (UE), Peter Wagner, anunció este lunes una partida de 2,5 millones de euros (unos 2,7 millones de dólares) para un programa de ‘consolidación de paz’ en Colombia que se centrará en apoyo a negociaciones de paz, con especial énfasis en mujeres y jóvenes.

El acuerdo, anunciado este lunes en la ciudad de Buenaventura (oeste), será gestionado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), instituciones relacionadas con la paz y las propias comunidades.

«Las comunidades son el centro de lo que estamos planeando con el nuevo programa de 2,5 millones que hemos anunciado y que comenzará su trabajo en las próximas semanas. Estamos consolidando nuestro apoyo de 20 años al proceso de paz en Colombia, pero también basándonos en lo que realmente se necesita y en los que están impulsando el proceso desde abajo», explicó a EFE Wagner.

Uno de los pilares de este acuerdo será apoyar el proceso de paz que tiene el Gobierno colombiano con el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, con quien acaban de empezar la cuarta ronda de negociaciones en la amazónica ciudad de San José del Guaviare.

En este proceso se le brindará asistencia técnica a la mesa de negociación y también a apoyar iniciativas locales que contribuyan a mejorar la vida de las comunidades afectadas por el conflicto.

Una segunda arista del acuerdo apoyará los proceso de paz urbana en Buenaventura y Quibdó, con especial énfasis en la participación de mujeres y jóvenes para brindar asistencia técnica a los diálogos socio-jurídicos

Por último, un tercer objetivo de este acuerdo será «desarrollar sinergías sostenibles entre los nuevos procesos de paz y la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016».

Paz y vida digna

Los proyectos de la UE quieren consolidar «un tejido social reconstruido en Buenaventura», facilitar «en todos los barrios las posibilidades para que la gente tenga una vida digna donde está en su casa», detalló el alto funcionario europeo tras su visita de dos días al principal puerto de Colombia, que el Gobierno convirtió en «laboratorio de paz» urbana.

Los barrios de Buenaventura han vivido durante años atemorizados por el enfrentamiento entre bandas, que controlan el territorio y mantienen una cruenta guerra que se frenó gracias a una tregua que ha sido extendida varias veces, la última hasta el próximo mes de mayo.

Tras visitar a un grupo de piangüeras (mujeres que recogen pianguas, unos moluscos que habitan en los manglares) en una comunidad rural del municipio de Bahía Málaga, la base naval de la Armada y uno de los barrios más conflictivos de Buenaventura, Wagner se reunió este lunes con autoridades locales y estatales, y también con asociaciones y grupos de acción de la ciudad.

«Y con eso estamos llegando con este dinero. Estamos tratando de construir la economía desde abajo con pequeños proyectos construidos a partir de lo que la gente tiene como ideas de emprendimiento», concluyó Wagner.

Entre las iniciativas que esta partida de 2,5 millones de euros financiará hay una centrada en oportunidades para niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento por actores armados, reactivar la paz con las mujeres, protección integral de organizaciones sociales y de derechos humanos, así como líderes sociales y respuesta humanitaria a poblaciones étnicas víctimas de desplazamiento forzado, entre otros.

EFE

El expresidente peruano fue denunciado de ser el autor mediato (con dominio del hecho) del delito de homicidio en la modalidad de asesinato con alevosía, calificado como delito de lesa humanidad, por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos de Pativilca por parte del comando militar encubierto Colina

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) le pidió este lunes al tribunal que lo procesa por la muerte de seis personas en la localidad de Pativilca en 1992 que no haya más de dos sesiones semanales debido a su débil estado de salud.

«Le rogaría que se programe, máximo, dos audiencias por semana. Yo sí quisiera estar presente», dijo Fujimori, de 85 años, tras manifestar problemas respiratorios y cardíacos.

La magistrada del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio le había manifestado a Fujimori que en los casos en los que no sea indispensable su presencia en el juicio, que tiene otros coacusados, podía solicitar una dispensa.

Sin embargo, el exmandatario respondió que es «el principal interesado» en presentarse de forma virtual porque ha sido «acusado injustamente de un delito inexistente».

Fujimori en juicio

Fujimori fue denunciado por este caso de ser el autor mediato (con dominio del hecho) del delito de homicidio en la modalidad de asesinato con alevosía, calificado como delito de lesa humanidad, por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos de Pativilca por parte del comando militar encubierto Colina.

A raíz de este proceso, que sigue en libertad, Fujimori tiene impedimento de salida del país por nueve meses. Debe cumplir una serie de reglas de conducta a raíz de la comparecencia simple dictada en su contra.

El exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos aceptó los cargos presentados en su contra por este caso. Recibió una condena anticipada de 19 años y 8 meses, que prácticamente ya ha sido cumplida dado que está en prisión desde el año 2001 por otros delitos de violación a los derechos humanos y corrupción.

Fujimori fue liberado en diciembre en virtud de un indulto que ratificó el Tribunal Constitucional en desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto porque se restituyeron los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por razones de salud.

Desde su liberación, se ha visto paseando por centros comerciales, saludando a ciudadanos. Ha atendido en varias ocasiones a medios de comunicación en la calle.

En una de esas ocasiones, levantó una polémica política al considerar que la presidenta Dina Boluarte permanecerá en el cargo hasta las siguientes elecciones.

«No, no se justifica (el adelanto electoral), el gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Fuerza Popular y el fujimorismo así lo ha acordado», indicó a un periodista. Sin embargo, no detalló qué acordó o con quien, ni tampoco si se trata de un acuerdo interno de la bancada, o no.

EFE

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que las nuevas medidas son parte de una «política de sanciones más fuertes y específicas» contra las autoridades de Zimbabue y expresó su preocupación por los «casos graves de corrupción y abuso de los derechos humanos», como muertes arbitrarias, abusos físicos y secuestros

Estados Unidos impuso este lunes sanciones al presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, y a otros altos funcionarios, al acusarlos de violaciones de los derechos humanos y corrupción en el país africano.

Las sanciones de Washington, que implican el bloqueo cualquier propiedad en Estados Unidos de los afectados y cualquier viaje no oficial al país, reemplazan un programa de sanciones más amplio adoptado dos décadas atrás contra Zimbabwe por sus políticas oficiales.

«Nuestras sanciones no están dirigidas a atacar al pueblo de Zimbabwe»

«Los cambios que estamos haciendo hoy tienen como objetivo dejar en claro lo que siempre fue una verdad: nuestras sanciones no están dirigidas a atacar al pueblo de Zimbabwe», señaló al realizar el anuncio el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

«Estamos reorientando nuestras sanciones hacia objetivos claros y específicos: la red criminal del presidente Mnangagwa compuesta por funcionarios gubernamentales y empresarios que son los principales responsables de la corrupción o los abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Zimbabue», afirmó.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que las nuevas medidas son parte de una «política de sanciones más fuertes y específicas» contra las autoridades de Zimbabue y expresó su preocupación por los «casos graves de corrupción y abuso de los derechos humanos», como muertes arbitrarias, abusos físicos y secuestros.

Mnangagwa es el segundo gobernante consecutivo de Zimbabue que afronta sanciones estadounidenses luego del veterano Robert Mugabe.

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso fin al programa de sanciones previo impuesto en 2003 bajo el gobierno del republicano George W. Bush.

Para la Iglesia católica la defensa de la vida no es una ideología sino una realidad, una realidad humana que involucra a todos los cristianos

La Pontificia Academia para la Vida del Vaticano defendió este lunes que «no puede ser un derecho» acabar con una vida humana, en respuesta a la decisión del Senado de Francia de incluir el aborto en la Constitución.

«La Pontificia Academia para la Vida reitera que precisamente en la época de los derechos humanos universales no puede haber un ‘derecho’ a suprimir una vida humana», señala en un comunicado.

El Senado francés aprobó el pasado miércoles la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, en los mismos términos que lo había decidido la Asamblea Nacional hace casi un mes, lo que convierte a Francia en el primer país que adopta esta medida.

La Academia vaticana se dirigió a todos los gobiernos del mundo y todas las religiones para que en esta fase de la historia «la protección de la vida se convierta en una prioridad absoluta, con pasos concretos en favor de la paz y la justicia social, con medidas efectivas para un acceso universal a los recursos, la educación y la salud».

Situaciones de vida particulares

«Las situaciones de vida particulares y los contextos difíciles y dramáticos de nuestro tiempo deben ser afrontados con los instrumentos de una civilización jurídica que mira por encima de todo a la protección de los más débiles y vulnerables», indica.

En este sentido destaca que «la protección de la vida humana es el primer objetivo de la humanidad» y puede desarrollarse únicamente en «un mundo sin conflictos ni heridas, con una ciencia, una tecnología y una industria al servicio de la persona y la hermandad».

«Para la Iglesia católica la defensa de la vida no es una ideología sino una realidad, una realidad humana que involucra a todos los cristianos, precisamente porque son cristianos y humanos», afirma la pontificia academia, parafraseando un discurso del papa Francisco en la audiencia general del 25 de marzo de 2020.

EFE

Los diputados y senadores franceses, reunidos en sesión conjunta, adoptaron este lunes de forma mayoritaria la inscripción del aborto en la Constitución, una reforma que consideraron «histórica».
La “libertad garantizada” del aborto entró este lunes en la Constitución francesa, tras una histórica votación que convirtió a Francia en el primer país en blindar esta práctica y que busca enviar un mensaje al mundo tras varios reveses.

Con 780 votos a favor, por encima de los 512 requeridos, los legisladores adoptaron esta reforma constitucional durante un Congreso extraordinario de ambas cámaras en el Palacio de Versalles, al oeste de París.

Recordemos que se trata de un proyecto impulsado por el presidente Emmanuel Macron, para preservar ese derecho amenazado en otros países, y que contaba con un gran respaldo popular.

Antes de ser promulgado, era una Ley que obtuvo apoyos de todos los partidos políticos, sin reservas en la izquierda y más condicionados en la derecha y extrema derecha.

“Digo a todas las mujeres, dentro de nuestras fronteras y más allá, que la era de un mundo de esperanza comienza”, aseguró el centro-derechista primer ministro Gabriel Attal. Todo esto, tras subrayar que esta práctica “sigue en peligro” en el mundo, “a merced de aquellos que deciden”.

La ceremonia final de inscripción del aborto en la Constitución tendrá lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, anunció el presidente Emmanuel Macron, que celebró “un orgullo francés, mensaje universal”.

Casi medio siglo después de su despenalización en Francia, existe un amplio apoyo social en el país europeo, pero la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 de dejar de reconocerlo como un derecho a nivel federal activó las alarmas.

Meses después de este retroceso estadounidense, la oposición de izquierda y el oficialismo comenzaron un largo proceso legislativo, que culminó este lunes con una gran mayoría.

Antes que Francia, Chile ya intentó introducir el derecho para las mujeres a “una interrupción voluntaria del embarazo” en su proyecto de nueva Constitución en 2022, rechazada en referendo.

En el lado opuesto, algunos países la prohíben implícitamente en su Constitución al defender el derecho a la vida desde la concepción, como República Dominicana, Filipinas, Madagascar y El Salvador.

Celebración en las calles de Francia por el derecho al aborto

Una explosión de alegría se sintió en la plaza del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, junto al monumento de los Derechos Humanos.

Fue allí donde, frente a una pantalla gigante que retransmitía la sesión del Congreso,se reunieron centenares de defensores del aborto.

“Mi cuerpo, mi elección”, se inscribió en el célebre monumento parisino para marcar este avance “histórico” en el país.

Numerosos responsables políticos tomaron la palabra para asegurar que aunque el aborto no se cuestiona en Francia en estos momentos, con más de ocho de cada diez franceses en favor de su inscripción en la Constitución, puede serlo en el futuro e introducirlo en la Carta Magna dificulta revisarlo.

Pusieron como ejemplo lo sucedido en otros países, como en Estados Unidos, Polonia, Hungría o Argentina, donde aseguraron que el presidente, Javier Milei, se dispone a eliminar el derecho al aborto.

France becomes the first country in the world to enshrine abortion rights in its constitution — a reaction to the rollback of protections in the United States.

Watch France’s reaction ???
pic.twitter.com/UnR7R6onEk

— Skyleigh Heinen-Uhrich (@Sky_Lee_1) March 4, 2024

Francia, el primer país del mundo en proteger el aborto en su Constitución

“Un día usado por Macron para su propia gloria”

Aunque la mayor parte de los diputados de la extrema derecha votó a favor de la reforma, sus líderes pusieron la nota discordante en la jornada, al considerar que se trata de una maniobra del presidente para ocultar su debilidad parlamentaria.

“Vamos a votar esta constucionalización, porque no nos supone ningún problema, pero de ahí a hablar de día histórico no. Es un día instrumentalizado por Emmanuel Macron para su propia gloria”, afirmó la líder ultraderechista Marine Le Pen.

Sus parlamentarios defendieron que “con esta reforma nada cambia” y aseguraron que “se pueden evitar muchos abortos con un mejor asesoramiento sexual a las mujeres y una mayor ayuda económica a las embarazadas”.

Algunos parlamentarios conservadores expresaron sus dudas sobre si la reforma adoptada podía atentar contra la libertad de los médicos de oponerse a practicar abortos en virtud de la objeción de conciencia.

Pero la gran mayoría de los legisladores consideró “histórica” la jornada, un paso adelante en la lucha feminista y una batalla ganada a los que se oponen al aborto.

Aviones F-15K Slam Eagle de Corea del Sur | Fuerza Aérea de la República de Corea

Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron este lunes sus maniobras militares «Escudo de libertad» en medio de la creciente tensión en la península luego que Piongyang declarara a Seúl como su principal enemigo.

Según detallan agencias internacionales como EFE, durante esta jornada el ejército norteamericano puso en marcha, junto a su simil surcoreano, los primeros ejercicios desde que Corea del Norte rechazara un acuerdo bilateral con su vecino del sur.

Las maniobras, que se extenderán hasta el próximo 14 de marzo, están enfocadas en “escenarios que reflejan diversas amenazas dentro del entorno de seguridad y en las lecciones aprendidas en guerras y conflictos recientes”.

Estas incluirán operaciones virtuales de puesto de mando y simulacros con fuego real para “contrarrestar las operaciones nucleares de Corea del Norte” mediante ejercicios en tierra, mar y aire.

Las autoridades de ambos países explicaron que las maniobras tienen como objetivo mejorar “la postura de defensa combinada” de EE.UU y Corea del Sur.

En esta ocasión participarán efectivos de otros 11 países miembros del Comando de la ONU: Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, Filipinas y Tailandia.

Recordemos que en enero pasado se comprobó que Corea del Norte derribó el arco de la reunificación, símbolo de la esperanza de unificación con Corea del Sur.

La remoción de la estructura quedó al descubierto días después que Kim Jong-Un afirmara que Seúl era su “enemigo principal”.

Anteriormente, el líder norcoreano ya había advertido en una sesión de la Asamblea Popular Suprema (SPA) que el monumento era una “molestia”, ordenando que fuera retirado “para eliminar por completo conceptos como ‘reunificación’, ‘reconciliación’ y ‘compatriotas’ de la historia nacional de nuestra República”.

Si bien Jong-Un aclaró que no quiere la guerra, aseveró que tampoco tiene la intención de evitarla.