La dirigente política, María Corina Machado, expresó este martes su solidaridad al pueblo de Ecuador, luego de que el presidente, Daniel Noboa, decretara un «conflicto armado interno» en ese país.

«Envío al pueblo del Ecuador, a sus instituciones y al Presidente Daniel Noboa, toda mi solidaridad y apoyo en estas horas difíciles que atraviesan y que requieren firmeza y determinación», escribió Machado en redes sociales.

Machado expresó que sólo la seguridad y la justicia garantizan la paz.

Daniel Noboa declaró en un decreto la existencia de un «conflicto armado interno» en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones, luego de que hombres armados se tomaran el canal TC de Televisión en plena trasmisión en vivo.

Noboa firmó el decreto en momentos de gran tensión en el país por estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de agentes de las penitenciarías en las propias cárceles.

Envío al pueblo del Ecuador, a sus instituciones y al Presidente @DanielNoboaOk toda mi solidaridad y apoyo en estas horas difíciles que atraviesan y que requieren firmeza y determinación.

Sólo el orden, la seguridad y la justicia oportuna garantizan la paz y la libertad.

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 9, 2024

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Autoridades de Trujillo despliegan maquinaria pesada para remover la tierra que se deslizó en zonas del municipio San Rafael de Carvajal producto de las lluvias de los últimos días.

El alcalde del municipio Carvajal, Wilsson Marín, afirmó que unas 10 mil familias se han visto afectadas por el cierre de la vialidad.

Informó que este martes han trabajado para abrir la vía principal que comunica los municipios Valera y San Rafael de Carvajal.

El secretario de infraestructura de la gobernación de Trujillo, Henri González, aseguró que han removido el «sedimento y rocas originado por un derrumbe» a causa de las fuertes precipitaciones.

Unión Radio

El Consejo Legislativo del estado Táchira juramentó este martes el nuevo gabinete de trabajo, quedando por tercera vez consecutiva, la diputada Charly Rojas como presidenta de esta instancia.

«Este es el tercer periodo que asumo como presidenta del consejo, los dos anteriores periodos me acompañó en la vicepresidencia el diputado Jonathan García, un hombre con mucha sabiduría y experiencia para ejercer esta responsabilidad», expresó Rojas.

La presidenta del Consejo Legislativo detalló que en esta nueva administración estará acompañada por la diputada, Yanireth Chacón.

Unión Radio

La Asamblea Nacional (AN) acordó este martes aplazar la discusión sobre la ley de anexión del Esequibo, luego de una solicitud del diputado y primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello.

Tras un corto debate donde los parlamentarios aprobaron ocho artículos del proyecto de ley, Cabello pidió al cuerpo legislativo su suspensión. Sin embargo, no se dio a conocer en qué fecha se retomará.

“A partir del artículo ocho, hay artículos (sobre los) que todavía estamos recibiendo propuestas y, respetuosamente, solicito ante esta plenaria el diferimiento para revisar todas las propuestas, respetando el poder popular (a los ciudadanos) y el derecho que tienen de participar en la redacción de esta ley”, precisó el líder chavista, según la agencia EFE.

La Asamblea Nacional además aprobó el día de hoy artículos los cuales constan de reconocer el Acuerdo de Ginebra de 1966 como la única herramienta para dirimir la disputa con Guyana.

En consecuencia, dieron luz verde al rechazo de la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como árbitro.

Sumarium

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este miércoles se mantienen las condiciones meteorológicas estables.

En su reporte diario en redes sociales el organismo indicó que prevé un cielo parcialmente nublado y zonas con poca nubosidad.

Inameh reportó además que igualmente se observan mantos nubosos de tipo estratiforme productores de lluvias o lloviznas en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Falcón y norte de Portuguesa.

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En Venezuela hubo, al menos, 383 violaciones a la libertad de expresión el año pasado, una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464, según datos preliminares de la ONG Espacio Público, suministrados este miércoles a EFE.

De acuerdo con el registro de la organización no gubernamental, que prevé terminar la totalización en lo que resta de enero, la mayoría de las violaciones fueron «intimidación» y «censura», con 121 y 99 hechos, respectivamente, seguidos de «hostigamiento verbal», con 47, y «amenaza», con 38.

Asimismo, el año pasado cerró con, al menos, 31 restricciones administrativas, 30 hechos relacionados con «hostigamiento judicial», 16 agresiones y un «ataque».

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (120), que representan el 44,9 % del total, además de la «ciudadanía en general», con 40 víctimas, el 14,9 %, señaló Espacio Público.

Por otra parte, el 35,5 % de los «victimarios» fueron «instituciones del Estado», seguidos de «funcionarios», que representan el 21,4 % del total, y «cuerpos de seguridad», con un 20,6 %, según la organización.

En diciembre, la ONG documentó, al menos, 32 violaciones a la libertad de expresión, de las cuales 7 se registraron durante la cobertura del referendo no vinculante celebrado en Venezuela el 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana por el Esequibo.

El pasado noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, «igual que por muchos años», se mantiene el «constante y sistemático régimen de censura» que «genera autocensura entre los medios» independientes.

Según la SIP, en el país caribeño «al menos dos emisoras salen del aire cada mes» por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo «criterio discrecional» están sujetos medios televisivos y radiales.

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La Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista anunció que a partir del próximo viernes 12 de enero, llevará a consulta pública el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, cuya creación fue aprobada por la Cámara en primera discusión en enero de 2023.

Al término de la sesión parlamentaria del martes 9 de enero, la primera de 2024, el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, informó que desde el viernes se llevará a cabo el proceso de consulta de este instrumento legal y les ordenó a los diputados sumarse.

El parlamentario recordó que, de acuerdo con la legislación, «es deber de la Asamblea Nacional consultar con todo el pueblo de Venezuela y las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley y los elementos necesarios, a los efectos de dar una fructífera segunda discusión».

El proyecto inicial de esta ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

El proyecto de ley fue ampliamente criticado por las organizaciones no gubernamentales, que manifestaron que con ella se busca «criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional».

A finales de enero de 2023, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al Gobierno que establezca un «amplio proceso consultivo» sobre este Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.

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La ONG Justicia y Proceso Venezuela asegura que 30 hombres y cinco mujeres que forman parte de la lista de detenidos por razones políticas requieren de atención médica. Entre los padecimientos destacan varios diagnósticos de cáncer, hipertensión, hepatitis de hígado, diabetes y fisuras

En Venezuela hay 286 presos políticos, de los cuales, 35 padecen enfermedades graves que requieren atención médica de inmediato, afirmó Theresly Malavé, abogada y directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela.

“Son 30 hombres con enfermedades graves y cinco mujeres en las mismas condiciones”, argumentó.

Entre las enfermedades que padecen los privados de libertad por razones políticas destaca el cáncer, hipertensión, hepatitis de hígado, diabetes y fisuras. “El Estado no le puede proveer salud, pero tampoco se los permite en libertad”, dijo Malavé durante una rueda de prensa ofrecida este martes.

Malavé criticó que a ningún detenido se le haya concedido medidas humanitarias para atender sus problemas de salud e hizo el llamado a la conciencia por parte del Estado venezolano.

Por su parte, la abogada denunció que en el país aún están 171 presos políticos que llevan más de dos años detenidos sin juicio. Destacó que la retención de ciudadanos sin juicio por más de tres años viola el Código Orgánico Procesal Penal, que establece un tiempo máximo de privación de libertad preventiva de tres años.

Subrayó que hay detenidos por razones políticas que tienen entre siete y nueve años en espera de su presentación. Instó a considerar el decaimiento de la medida para aquellos que superan el plazo legal, reseñó Efecto Cocuyo.

La representante de Justicia y Proceso Venezuela reclamó la falta de claridad sobre las condiciones en las que los ciudadanos beneficiados durante el canje por Alex Saab fueron excarcelados y resaltaron que, hasta ahora, se desconoce bajo qué parámetros se llevaron a cabo dichas liberaciones.

VF

El juez encargado del proceso leyó la sentencia en la que considera probados los hechos que se le imputaban a Hanid Ortiz, y lo condenó a la máxima pena establecida en las leyes venezolanas. Desde Venezuela denegaron la extradición a España, alegando que es ciudadano venezolano, y el TSJ remitió en 2019 el caso a un juzgado caraqueño, que terminó emitiendo la condena

Un tribunal de Caracas sentenció a 30 años de prisión al exmarine estadounidense de origen venezolano, Dahud Hanid Ortiz, por su papel en el asesinato de tres personas en un despacho de abogados en Madrid en 2016. El tribunal lo consideró culpable de los tres homicidios y del incendio provocado posteriormente, recogió El Nacional.

La sentencia, leída durante una vista celebrada este martes, destaca la contundencia de las pruebas presentadas durante el juicio, incluyendo testimonios de policías españoles y pruebas tecnológicas como informes de teléfonos móviles y grabaciones de cámaras de seguridad.

Los trágicos hechos se desencadenaron el 22 de junio de 2016, cuando Hanid Ortiz, movido por los celos, viajó desde Alemania a Madrid, creyendo que el abogado Víctor Joel Salas mantenía una relación con su esposa. Al no encontrar a Salas en el despacho, el individuo perpetró el asesinato de tres personas: Elisa Consuegra y Maritza Osorio, trabajadoras de origen cubano, y el cliente ecuatoriano Pepe Castillo. Posteriormente, prendió fuego al lugar antes de huir.

Tras una intensa investigación, Hanid Ortiz fue detenido en Venezuela, su país natal, en 2018. A pesar de los intentos de España por su extradición, las autoridades venezolanas denegaron la solicitud, argumentando su ciudadanía venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió el caso a un tribunal de Caracas en 2019.

El proceso judicial experimentó varias interrupciones y cambios, iniciándose en tres ocasiones antes de culminar en marzo de 2023. La reciente lectura de la sentencia, programada originalmente para diciembre, estuvo marcada por la ausencia de Hanid Ortiz, generando temores de una posible fuga. Sin embargo, el juez aclaró que el acusado se encontraba en un centro de extranjería de Caracas, después de un intento fallido de viajar a España.

Con esta condena, la justicia venezolana ha cerrado un capítulo trágico que involucra a un exmarine y su violenta incursión en un despacho de abogados en la capital española.

VF