Exigimos la renuncia inmediata de la Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez, quien justificando los maltratos y torturas contra los estudiantes y sociedad civil, pretende evadir los cargos de lesa humanidad que pesarán sobre los funcionarios de seguridad del Estado por la represión y tortura que han desatado contra la población civil durante el mes de febrero.
Así lo demandó la diputada Delsa Solórzano, Vicepresidenta Ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, quien rechazó con gran indignación las declaraciones de la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, quien dijo que la “tortura tiene sentido cuando se trata de obtener una confesión y que hay que distinguir entre la tortura y lo tratos crueles, inhumanos, degradantes o el uso indiscriminado de la fuerza, por parte de los organismos de seguridad del Estado”.
“Nosotros logramos comprender, señora Gabriela del Mar, la intención de sus declaraciones, porque es muy grave lo que dijo. Usted está pretendiendo quitar el carácter de violación de derechos humanos y de delito de lesa humanidad a las torturas que han sufrido nuestros jóvenes durante las manifestaciones que se han realizado en todo el territorio nacional”.
En ese sentido la diputada del Parlatino, reconociendo que la Defensora del Pueblo no es abogada, le exige un poco de sindéresis, un conocimiento del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que dice claramente “que se entenderá por crimen de lesa humanidad la tortura, la que se define como causar dolor intencional o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia y control”.
Explicó, dirigiéndose directamente a la Defensora de Pueblo, “es decir señora Gabriela Ramírez, que todos los golpes que los funcionarios de la GNB y de otros cuerpos de seguridad del Estado están propinando a los jóvenes que están manifestando en la calle, y los que no manifiestan también, porque ahora la modalidad es sacar a los ciudadanos de sus casas, por la fuerza, violando sus derechos, para secuestrarlos. Todos estos tratos son tortura, no son simples excesos policiales, se convierten en tortura, según lo contemplado en el Estatuto de Roma”.
También hizo mención la diputada Solórzano, a la “Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, la cual señala en su artículo 5 que es tortura el “acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, por parte de un funcionario público”.
Sentenció Solórzano, acompañada por la diputada al Concejo Legislativo de Miranda, Verónica Barboza, Secretaria de Organización de UNT, y por Gabriela Torrijos, directora política de UNT, que los funcionarios públicos que están torturando, maltratando y golpeando a los jóvenes en las calles, “están haciendo incurrir al Estado Venezolano en graves delitos de lesa humanidad”.
“Es por eso que le exigimos a usted la renuncia inmediata a su cargo. Usted no puede seguir ocupando un cargo para cual evidentemente usted no está preparada. Usted no puede seguir ocupando un cargo pretendiendo defender exclusivamente a los militantes del PSUV, a los colectivos armados y a los militares que están en la calle arremetiendo contra nuestros muchachos. Ustedes son una vergüenza para el país y para las mujeres de Venezuela”.
Nota de Prensa
