El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisará si la decisión del Ejecutivo Nacional de imponerle a los niños y adolescentes una tasa de doce unidades tributarias (1.800 bolívares) para obtener o renovar el pasaporte es legal o no.
La Sala Constitucional tramitará la demanda que la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) interpuso el pasado 29 de enero contra la reforma a la Ley de Timbre Fiscal dictada en noviembre por las autoridades gubernamentales, en el uso de los anteriores poderes especiales que la Asamblea Nacional les otorgó para legislar vía decreto.
En la modificación al artículo 7 del texto los organismo públicos competentes elevaron los montos que se cobran a los ciudadanos por distintos trámites ante la Administración Pública y por la emisión de documentos; y suprimió la exención de la que venían gozando los niños y adolescentes, así como las mujeres mayores de 55 años de edad y los hombres de 60 para hacerse con éste y otros documentos.
Para Cecodap el cambio «limita y amenaza» el derecho de los menores de edad «a obtener documentos públicos de identidad»; y además contradice lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes (Lopna), el cual establece que todas «las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta Ley, así como las copias certificadas que se expida de las mismas se harán en papel común y sin estampillas. Los funcionarios administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno, ni aceptar remuneración».
La organización también denunció ante el máximo juzgado que una ley ordinaria no puede estar por encima de una orgánica, como es la Lopna.
Tras calificar de «regresiva» la decisión del Ejecutivo, Cecodap solicitó a la Sala Constitucional que «valore y garantice el derecho que tienen los niños y adolescentes a obtener sus documentos públicos de identificación, especialmente el pasaporte, por tanto, se adopten medidas de discriminación positiva que permita eliminar cualquier obstáculo económico e institucional».
Por considerar que este asunto pone en riesgo el derecho fundamental a la identidad, la organización pidió a la intérprete de la Carta Magna suspender el artículo y que le ordene al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) dejar de cobrar las tasas mientras se pronuncia.
Sin embargo, esta última solicitud fue desechada por la Sala, por considerar que los denunciantes no suministraron evidencias del daño a los niños y su familia; y se limitó a citar al Ejecutivo Nacional, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y al Saime para que den su opinión en el juicio que se abre ahora.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
